La desaceleración económica que enfrenta Chile, que terminará este año con un crecimiento de sólo el 1,9%, según las calificadoras internacionales, ha precipitado la caída de la imagen de la presidenta Michelle Bachelet al 38% desde que asumiera en marzo pasado luego del apoyo contundente del electorado. Las causas de este freno impensado de la evolución de una de las economías más sólidas del continente, tiene tres aristas problemáticas.
La primera es la oficial, que culpa al gobierno de Sebastián Piñera por la herencia financiera que dejó; por otro lado la del empresariado contrariado por la agenda reformista con su pesada carga tributaria y reguladora, junto con las indecisiones políticas que generaron incertidumbre en los mercados precipitando el consumo; y, finalmente, las protestas de la población por la demora en concretarse las promesas reivindicadoras que llevaron por segunda vez a Bachelet al Palacio de La Moneda.
Una de las claves del descontento es la demorada reforma educativa con educación universitaria gratuita, la exigencia estudiantil que desencadenó violentas manifestaciones en los últimos años y una de las principales preocupaciones por la creciente efervescencia social. Recién el miércoles pasado el Gobierno respondió a los reclamos, señalando que ahora tiene los recursos para financiar la esperada reforma educativa al haberse aprobado la resistida actualización tributaria, por lo que se espera otorgar la gratuidad universitaria a partir de 2016.
Es que el programa de reformas sociales, que consideró un profundo cambio educacional, requería de una reforma tributaria previa para poder asegurar la financiación. Pero el debate que sigue pendiente tiene como telón de fondo la desigualdad que existe en Chile, donde la mitad de los trabajadores gana menos de 450 dólares mensuales, pese a que el producto per cápita es de 21.500 dólares, según cifras oficiales.
Ante este panorama, los expertos señalan que los desafíos clave del Gobierno para 2015 son dos: eliminar la incertidumbre en el sector empresarial y reimpulsar la inversión privada. A una mayor expansión ayudaría también el alto tipo de cambio que impulsaría las exportaciones y la baja que se produce en el precio del petróleo ha hecho que los insumos sean más baratos. Lo demás será la competitividad controlando la inflación, que este año se disparó al 5,7% sobre las previsiones del 3% anual, y aumentar la inversión en infraestructura pública para mejorar los servicios esenciales.