Aplaudamos al presidente de Chile, Gabriel Boric, de 36 años, la nueva estrella de la izquierda latinoamericana, por su inequívoca condena a la invasión rusa de Ucrania. Pero sería mucho más consecuente con su defensa de las libertades fundamentales en todo el mundo si adoptara una postura más firme sobre las dictaduras de América latina. Durante un viaje a Argentina la semana pasada, me sorprendió escuchar que Boric, de visita en ese país en su primer viaje oficial al extranjero, esquivó las preguntas de los reporteros sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente argentino, Alberto Fernández, Boric eludió una pregunta sobre las tres dictaduras latinoamericanas. "¿Por qué los medios siempre me preguntan sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua y no sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro propio país (Chile), o sobre los asesinatos de activistas sociales en Colombia?" preguntó. "No usemos el sufrimiento de nuestros pueblos, ya sea en Ucrania, Yemen, Palestina, Chile, Venezuela o Nicaragua, para obtener beneficios políticos en casa". Unas horas más tarde, cuando entrevisté al canciller argentino, Santiago Cafiero, y le pregunté sobre los abusos a los derechos humanos en las dictaduras de izquierda de América latina, obtuve una respuesta similar.
"En Venezuela, las fuerzas de seguridad del dictador Nicolás Maduro mataron a más de 19.000 personas por supuesta ‘resistencia a las autoridades’ entre 2016 y 2019".
"¿No hay violaciones a los derechos humanos en Colombia?" preguntó Cafiero, repitiendo la pregunta dos veces. Si bien felicito a los gobiernos de Chile y Argentina por hacerlo bien con Rusia, a pesar de que los miembros clave de sus respectivas coaliciones gobernantes apoyan al autócrata ruso Vladimir Putin, están usando un doble rasero cuando se trata de las dictaduras de izquierda de América latina. Es injusto -y engañoso- comparar a Venezuela, Nicaragua y Cuba con Chile o Colombia. Es una equivalencia falsa. Oculta el hecho de que los tres primeros países son dictaduras y que sus violaciones de derechos humanos son inmensamente mayores que las de Chile o Colombia. En Chile, 26 personas murieron durante protestas masivas contra el gobierno a fines de 2019, en las que algunos manifestantes arrojaron piedras y cócteles molotov a la policía y quemaron edificios públicos, según el grupo de defensa Human Rights Watch. En Colombia, además de los secuestros y muertes por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, 49 defensores de derechos humanos fueron asesinados en los primeros 10 meses de 2019, y allí se investigan otras 50 muertes sospechosas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Si bien cada muerte es demasiado, representan una pequeña fracción de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Boric debería seguir su propio consejo, durante su visita a Argentina, de que los gobiernos respeten y promuevan los derechos humanos "en todos los países del mundo", independientemente "de su color político". Eso, presidente Boric, se aplica a los gobernantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En lugar de darles un pase, debe denunciarlos por lo que son: dictadores despiadados.