Como todo gobierno populista, enquistado en una izquierda progresista que arremete contra la cultura, las tradiciones, el orden y la convivencia democrática, el chavismo bolivariano se enfrenta también con la Iglesia Católica, desde que el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, acusara al presidente Hugo Chávez de llevar a Venezuela hacia una dictadura.
Chávez, que se ha declarado profundamente cristiano, reaccionó intempestivamente criticando a la jerarquía clerical venezolana considerándola un ente "supraestatal", "troglodita" y golpista, pero además ordenó públicamente al canciller Nicolás Maduro que revise un convenio celebrado entre ese país y el Vaticano, para evitar que supuestamente la Iglesia Católica mantenga privilegios sobre otras religiones. El líder bolivariano se refería al acuerdo "Modus Vivendi", firmado por el Estado venezolano y la Nunciatura Apostólica el 6 de marzo de 1964, destinado a financiar obras de caridad social y proyectos educativos para los más necesitados, con recursos provenientes de la exportación de petróleo. Este "privilegio", según Chávez, permite a las organizaciones religiosas atender las necesidades de amplios sectores de la comunidad cada vez más desprotegidos por el régimen absolutista.
La ira de Chávez con la Iglesia se basa en la misma causa que originó la persecución a la prensa independiente; el reclamo de las libertades consagradas en la Constitución venezolana y los atropellos sistemáticos contra el Estado de derecho que hace un gobierno desbordado por una situación económica insostenible, desde la caída de los precios del petróleo y el despilfarro demagógico que genera el abuso del poder.