El paro de choferes de colectivos de larga distancia, promovido por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), perjudicó a miles de pasajeros en todo el país durante casi toda la jornada del jueves último, como consecuencia del pedido del sector de un ajuste salarial del 24% retroactivo a enero pasado.
Es cierto que la Constitución y las leyes laborales admiten el derecho a la huelga que suele calificarse como una "conquista laboral inalienable”. Pero esto no exime de reprobar acciones intempestivas contra los usuarios, como dejar varados en las terminales de micros a numerosas familias que debían trasladarse en estas vacaciones invernales, a trabajadores, a niños enfermos y ancianos que han debido dormir en el suelo. Además, como fue en el caso de la Terminal de Retiro, en la Capital Federal, sin acceso a los baños que habían sido cerrados, y debiendo caer en manos de inescrupulosos comerciantes que cobraban 20 pesos por calentar agua para mamaderas, y sobreprecios en los alimentos y bebidas. Las autoridades correspondientes a esta órbita deberían haber actuado de inmediato, clausurando esos locales donde sus propietarios lucraron impunemente con la necesidad de la gente.
Un asalariado es alguien que ha acordado un contrato con una empleador, por el que se compromete a realizar ciertas tareas a cambio de determinado sueldo. Y si después de algún tiempo no le parece una cantidad razonable, es perfectamente legítimo que abandone el empleo o que solicite un aumento de sueldo, mediante el diálogo y las tratativas pero no mediante el chantaje, como ha sido el caso de esta provocación de la UTA.
Nuestra Constitución consagra el derecho de peticionar. Esa garantía tiene una traducción argentina: "peticionar” es sentido por la sociedad como un acto absurdo. En la cacofonía de voces y reclamos, quien se limite a "pedir dialogando” pareciera asumir una actitud necia. Se está dando la impresión que sólo quien ejerce el apriete sin importarle los demás, será escuchado. La vieja sabiduría popular, traducida en el refrán "el que no llora no mama” ha sido reemplazada por "el que no presiona, sea como sea, no consigue nada”.
El transporte es un servicio público básico en toda sociedad, pero cuando los gremialistas promueven, como en este caso, cese de actividades sin avisar antes a la población, no se cumple con el servicio, demostrando una vez más, que las necesidades de los usuarios pareciera que importan muy poco o casi nada.