Sin estar dadas las condiciones operativas en el cuestionado organismo estadístico oficial, según los especialistas, el Gobierno nacional dispuso realizar este año un nuevo censo poblacional, según el decreto 67/10, publicado el viernes último en el Boletín Oficial.
No caben dudas sobre la necesidad de contar con una actualización de los datos fundamentales, como es el del número de habitantes y de las condiciones en que se encuentran. Una nación en desarrollo, como la Argentina debe tener certeza de la evolución, porque promueve las políticas de Estado que motorizan el crecimiento. Pero también es fundamental que el relevamiento sea confiable y quienes procesen la información sean equipos de idoneidad y experiencia incuestionables, dos premisas que no exhibe precisamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) desde que fuera intervenido, hace tres años en la gestión de Néstor Kirchner, con la mano ejecutora del polémico Guillermo Moreno.
Como es habitual en sus decisiones, el Gobierno avanzó en el proyecto censal, a pesar de que el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento del INDEC desalentó la realización del Censo 2010 debido a la fragilidad institucional que vive el organismo estadístico. En ese sentido, fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Tres de Febrero (Untref) habían afirmado que consideraban que la delicada tarea de juntar y procesar los datos "debería estar en manos de un conjunto de organismos -como parte del sistema nacional de estadísticas- y, si es necesario, demorarse hasta 2011".
Es que el principal problema es la credibilidad de los datos, como todos los del INDEC en las actuales circunstancias.