Según advirtió la presidenta de la Nación, el Estado podría intervenir si los sectores involucrados no llegan a un acuerdo con las Aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), para la sanción una nueva ley que regule esa actividad.

Cristina Fernández de Kirchner fue clara: "Si no hay posibilidades de acordar con las empresas que se dedican a asegurar, vamos también a tomar intervención desde el Estado para que, en acuerdo entre trabajadores y empresarios, podamos hacer mutuas asociaciones que permitan contemplar los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores", dijo en el acto del Día de la Industria.

Ahora se sabe que tal intervención sería a través de un decreto, que firmaría esta semana, tratando de llenar el vacío legal existente desde hace cinco años, luego que la Corte Suprema declarara inconstitucional a los principales artículos de la ley 24.557, de ART sancionada en la década del ’90, y que impulsó la llamada "industria del juicio". Las ART es más un negocio judicial que beneficio para los trabajadores. Es decir, un tope indemnizatorio que da lugar a un negocio donde únicamente ganan los que aseguran y los abogados y terminan perdiendo empresarios y trabajadores.

Si bien es necesario terminar con los desacuerdos entre las partes y es oportuno que el Gobierno nacional intervenga, lo importante es que lo haga para controlar y frenar los excesos y no para que sustituir a las ART.

Si el actual engendro legal posibilita que las empresas sean demandadas por daño civil y por daños y perjuicios, y las ART sólo contribuyan a pagar indemnizaciones hasta 180.000 pesos o la proporción de la discapacidad de la persona, el avance estatal genera más preocupaciones.

El problema es que este complejo tema se vaya a transformar en otro monopolio estatal, porque ya se sabe de la incompetencia del Estado para resolver cuestiones que, además, son incompatibles con sus responsabilidades inalienables, como salud, educación y seguridad.

Es de esperar, como ha dicho la presidenta, que se llegue a una nueva norma con un "criterio indemnizatorio que respete el derecho de los trabajadores y la subsistencia de las empresas", pero también sin eximir de responsabilidades a las aseguradoras y menos depender de un nuevo ente burocrático y politizado de la gestión de turno.