El pensamiento ideológico dominante, impuesto por la gestión del presidente Evo Morales con el perfil de la revolución chavista, ha sometido a Bolivia a un populismo peligroso por lo confrontativo y dominante en busca de imponer un modelo de autoritarismo sembrando el miedo, amedrentando y descalificando al que piensa diferente.

Mientras tanto crece la pobreza y la marginación con marcado retroceso social y económico, según ha denunciado la

Iglesia católica, en un crítico documento emitido tras la última Conferencia Episcopal Boliviana. El análisis de los obispos sobre la situación política, económica y social del vecino país, no difiere mucho del populismo demagógico establecido por los gobiernos de izquierda de la región, a partir de la penetración ideológica de Hugo Chávez para expandir la revolución de Venezuela mediante la Alianza Bolivariana para América (Alba), enfocada en los países de América latina y el Caribe en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, según doctrinas totalitarias.

En este contexto la Iglesia boliviana alerta sobre el aumento de la violencia, los femicidios, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la adicción a la droga, que van ganando terreno en el país, a la vez que la corrupción quita a los que siguen marginados la oportunidad de un justo rescate porque la impunidad política y jurídica ampara y avala esta situación.

Desde hace tiempo los obispos denuncian la disgregación social por la inequidad política existente y todo agravado por el avance del narcotráfico y los casos de corrupción, a lo que el gobierno de Evo Morales ha respondido acusando al clero de estar alineado con las fuerzas de oposición. La visita del papa Francisco al país andino suavizó un poco la tensión entre la Iglesia y el Gobierno, cuyas relaciones no son las mejores desde la llegada de Morales al poder en 2006, quien aspira a una nueva reelección gracias a la reforma constitucional y argucias legales.

Pero, además, a la Iglesia le resulta cada vez más difícil realizar tareas asistenciales por las exigencias fiscales que no difieren de la presión impositiva de las empresas, no obstante tratarse de entidades sin fines de lucro. Es que como ha dicho el ministro de Economía, Luis Arce, "para los ojos del Estado, la Iglesia es un ente privado".