La creencia del poder ilimitado de la educación en la vida de los hombres y de los pueblos llevó a fines del siglo XVIII a un movimiento a favor del establecimiento de la obligatoriedad escolar. Pero esta aspiración sólo se concretó en el siglo XIX, cuando se implantó la obligatoriedad en muchos países de Europa, en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos. En la Argentina se puede rastrear una gran importancia otorgada a la educación ya desde Manuel Belgrano. Éste consideraba que las escuelas debían ser gratuitas, teniendo como función instruir de acuerdo con buenas máximas e inspirar el amor al trabajo. La educación resultaba fundamental en su concepción de un Estado democrático, y también beneficiaría al comercio.
Belgrano concibió a la educación como productora de la felicidad del pueblo y el progreso de las Naciones. En forma consecuente con esta idea: "’Los 40.000 pesos que debió recibir como premio por sus triunfos en Tucumán y Salta los destinó a la fundación de cuatro escuelas primarias: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero”.
Por su parte, Mariano Moreno relaciona la necesidad de educar con la formación de conciencia del pueblo, el afianzamiento de la Revolución de Mayo de 1810 y el sostenimiento de la libertad. Asimismo, con Bernardino Rivadavia puede observarse la propuesta de obligatoriedad de la educación y la aplicación del sistema lancasteriano de enseñanza, que permitía intensificar la educación primaria, contando con mínimos recursos.
Se vislumbraba en los discursos pro-educación, la intención de formar al ciudadano de la Nación que se estaba constituyendo, con la debida instrucción relativa a sus derechos y obligaciones, y la que permitiría la participación política. Esta tendencia aparece en el ideario de Esteban Echeverría.
Finalmente, Domingo Faustino Sarmiento exigió "’una escuela popular, democrática, gratuita, laica, con rentas propias y autónomas, programas científicos y racionales de acuerdo a los intereses de la Nación, y de su pueblo”. La propuesta sarmientina incluye la defensa del derecho a la educación para todos lo habitantes, extendiéndose a los niños de entre 6 y 14 años, además de mujeres, adultos y soldados.
De acuerdo con Sarmiento, el Estado debe encargarse de la administración de la enseñanza primaria, dirigiéndola e inspeccionándola. También consideraba necesario excluir los dogmas religiosos de la educación, y destinar una renta proporcionada al número de niños a educar. El Maestro de América fomentó la inmigración; trajo educadores europeos y construyó escuelas y bibliotecas en todo el país, que terminó con doblar la inscripción de alumnos al final de su mandato como presidente de la Nación (1868-1874).
La primera ley de educación universal, obligatoria, gratuita y laica (Ley 1420 de Educación) fue sancionada en 1884 durante el mandato de Julio Argentino Roca a pesar de la gran oposición proveniente de la Iglesia Católica tanto a través del clero local como del Vaticano a través del nuncio papal.
En el marco de la historia de la educación argentina, especialmente al considerar las políticas educativas implementadas desde el Estado en distintos momentos, el análisis de la Ley 1420 ocupa un lugar central debido a la gran relevancia de dicha ley como propuesta educativa de un grupo de hombres con ciertos objetivos, y a los importantes efectos de la misma en los años posteriores.
La ley 1420, promulgada el 8 de julio de 1884, legisló para la Capital Federal y los Territorios Nacionales y los principios esenciales que estableció fueron: obligatoriedad, gratuidad, gradualidad y neutralidad en materia religiosa. Esta ley de educación común enuncia la obligatoriedad en el artículo 2º y en el artículo 3º aclara que es impuesta a los padres, tutores o encargados de los niños comprendidos en la edad escolar. En el artículo 5º especifica que la obligación escolar no implica la concurrencia del niño a la escuela, ya que puede ser cumplida en las escuelas públicas o privadas y en el hogar de los niños. Su cumplimiento puede comprobarse, según el caso, por medio de certificados o exámenes.
La gratuidad es una consecuencia inmediata de la obligatoriedad, pues tiende a asegurar que la escuela primaria esté al alcance de toda la población.
La aplicación de la ley 1420 fue ampliada gracias a la ley Láinez, sancionada en 1905. La misma autorizó al Consejo Nacional de Educación a establecer escuelas primarias nacionales en el territorio de las provincias que lo solicitasen. Fue pensada como un instrumento de colaboración entre la Nación y las provincias. Por esto favoreció valiosamente la difusión de la escuela primaria.