La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" presentado a la Asamblea Nacional de Venezuela, por ser un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural y como un devastador golpe contra lo que queda de democracia en Venezuela.
Ya no debemos sentirnos sorprendidos por la forma en que el presidente Hugo Chávez continúa su estrategia para deshacerse de las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos. Es sin duda un golpe a las libertades públicas y a lo que queda de democracia en Venezuela.
Estamos frente a una estrategia manipuladora que continúa cerrando los espacios de libertades individuales y sociales, considerando que la iniciativa de ley presentada por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, viola el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y revierte la tendencia actual en América Latina por despenalizar los delitos contra la prensa, ajustándose a los estándares interamericanos sobre la materia.
La Fiscal General de la República presentó ante el Congreso de su país, de hegemonía oficialista, el "Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos", que contiene 17 artículos, en los que se busca "prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación", con penas que llegan hasta los 4 años de cárcel, además de otras sanciones.
La SIP viene continuamente denunciando la estrategia seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para maniatar a la prensa. Entre esos arrebatos, se destacan la reforma constitucional en 1999 donde se incluyó la responsabilidad de publicar información veraz e imparcial; sentencias judiciales como la "1013" de 2001 que niega el derecho de réplica o de rectificación a los periodistas; la promulgación de la "ley mordaza" o la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004; la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005 que aumentó las penas por los delitos de desacato y difamación; la aplicación de regulaciones que obliga a los medios a tener columnistas de todas las ideologías en una clara invasión de sus políticas editoriales; el cierre en mayo de 2007 de RCTV, el hostigamiento contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo; y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico.
El proyecto de ley también explica en su artículo 3 el alcance de sus medidas: "Los dueños y cualquier otra persona que ejerza cargos directivos en medios de comunicación impresos, televisivos o radiofónicos" y "productores nacionales independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación".
Del artículo 5 al 12 de la iniciativa, se detallan los delitos y los castigos correspondientes: divulgación de noticias falsas, de 2 a 4 años; manipulación de noticias, de 2 a 4 años; negativa a revelar información, de 6 meses a 2 años; coacción mediática, de 1 a 3 años; omisión voluntaria de suministrar información, de 2 a 4 años; instigación, de 2 a 4 años y obstaculización de actividades de medios de comunicación, de 1 a 3 años.
Las autoridades de la SIP dijeron que la conducta de la Fiscal General así como la del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, para arremeter contra los medios de comunicación y periodistas en las últimas semanas, se debe al temor infundido por Chávez, cuando semanas atrás, en su diatriba contra Globovisión, llamó a sus funcionarios a arremeter contra los medios o, de lo contrario, a abandonar la revolución.