El derecho internacional, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, establece garantías para los refugiados e inmigrantes, sin diferenciar los pedidos normales de las emergencias como la que sufre ahora Europa, con una crisis migratoria sin precedentes, lejos de las cifras contabilizadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Por ello el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) y el Consejo de Europa para tal fin, han exhortado a los países comunitarios a respetar sus compromisos internacionales, garantizando los derechos fundamentales de los refugiados e inmigrantes y actuar en forma conjunta ante la actual emergencia. Es que se trata del movimiento de refugiados e inmigrantes más importante que Europa ha conocido en decenios, y la única forma eficaz de afrontarlo debe ser actuando juntos todos los gobiernos. Pero con mayor razón en el seno de la UE, ya que al derecho internacional se suma en esta crisis la propia legislación regional por la que cualquier persona que llegue a territorio europeo en estas circunstancias se beneficia automáticamente con los derechos fundamentales de la ciudadanía, según lo garantiza la Convención Europea de Derechos Humanos.
Todos los Estados miembros tienen la responsabilidad jurídica de tratar a cada refugiado individualmente y de evaluar las situaciones caso por caso, aún en medio de este desborde de cerca de 900.000 personas llegadas por el Mediterráneo, cuadruplicando el número del año anterior. Incluso el Tribunal Social de Bruselas ordena a los gobiernos atender al refugiado al momento de pisar suelo europeo, antes de considerar el caso, por elementales razones humanitarias.