La implacable lucha contra la corrupción oficial emprendida por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha impactado de manera asombrosa en la opinión pública del vecino país, alcanzado una aprobación del 71% de la población, según una encuesta realizada durante septiembre último. Este nivel de aprobación, comparable con el que ostentaba su antecesor Lula da Silva, al finalizar su mandato, viene creciendo para la mandataria desde que comenzó a depurar su gabinete, tras las denuncias periodísticas sobre casos de cohecho y otras irregularidades que salpicaban a los funcionarios.
El julio pasado Dilma tenía un 60% de aprobación, con un 40% de imagen positiva en su gestión de gobierno, la que saltó al 51% en la calificación de la gestión al cierre del mes pasado, de acuerdo a un relevamiento efectuado en distintos estados brasileños por el Instituto Ibope.
La presidenta Rousseff ha pedido la renuncia a cinco ministros y varios funcionarios de primer nivel, en lo que va de su corta administración, luego de revelarse varias investigaciones periodísticas sobre supuestos delitos de corrupción. Esta cruzada de transparencia gubernamental, con alto costo político, ya que debió remover a colaboradores que estuvieron con Lula -y por ende de origen partidario- ha tenido la contrapartida del aval popular, con multitudinarias exteriorizaciones de apoyo de todos los sectores gravitantes del país. Todo un ejemplo a seguir de honestidad política, que contrasta con lo que ocurre en otros países, caso de Venezuela o Ecuador, donde las investigaciones a personajes vinculados al poder se ocultan, se desvirtúan con la figura de "ataques al gobierno” y, lo peor, se archivan en los juzgados.