En nuestro país hay alrededor de 18.000 personas trasplantadas que, en la mayoría de los casos, afrontan serios inconvenientes con sus tratamientos postoperatorios, al no cubrir sus obras sociales los gastos correspondientes. Ante esta situación, en ámbitos del Congreso Nacional está siendo considerado el proyecto de la Ley de Protección Integral para Personas Trasplantadas, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Senadores. Falta el tratamiento correspondiente en Diputados, después del análisis que deben concretar las comisiones de Salud y de Hacienda de la Cámara baja.
Desde distintos sectores vinculados a este tema, se está solicitando el urgente tratamiento y aprobación del marco legal, teniendo en cuenta que la mayoría de las obras sociales de nuestro país no están cubriendo los altos costos requeridos por los tratamientos de los enfermos. En ese sentido ninguna gestión en favor de la recuperación del trasplantado podrá ser factible sin contar con una herramienta legal que contemple esta situación y posibilite el dictado de políticas en apoyo del sector rehabilitado. Además, en la medida que haya mayor información sobre esta situación crecerá inexorablemente un recurso vital.
Está comprobado que la práctica de los trasplantes ha posibilitado a muchas personas un nuevo panorama en sus vidas, gracias a la solidaridad y predisposición de otros que accedieron a donar sus órganos, pero esta nueva oportunidad para vivir se basa en la necesidad de contar con un mayor soporte de atención médica que, a su vez, implica mayores gastos.
Hay casos en todo el país que testimonian esta situación y personas que están esperando que se los ayude para concretar su real inserción en la comunidad.