En las sociedades capitalistas los mundos institucionales tradicionales han sido el Estado (sector público) y el Mercado (sector privado). Ante ciertas dificultades del Estado para dar respuesta al amplio universo de asuntos que requiere la población; salud, asistencia, reinserción, etc. -necesidades comunitarias que el Mercado, por su parte, ha demostrado ser incapaz de cubrir por sí solo en virtud del lucro y ganancia- la sociedad civil generó y desarrolló las organizaciones no gubernamentales (ONGs) cuyo objetivo es el bien común. Estas asumen distintas formas de derecho; fundaciones, asociaciones civiles, o de hecho; dando origen al denominado "tercer sector".

En el esquema institucional clásico en el cual conviven estos 3 sectores, los problemas sociales son atendidos y resueltos por el Estado y las ONGs, mientras que las empresas buscan maximizar sus utilidades sin prestar demasiada atención en los temas sociales y medio ambientales. Pero recientemente ha surgido el llamado "cuarto sector", a raíz de las exigencias de los consumidores, los movimientos sociales y las limitaciones financieras de las ONGs. En este espacio se encuentran las Empresas Sociales, también denominadas Empresas de Beneficio, que conjugan los intereses comerciales con objetivos sociales y ambientales, hacia una economía más inclusiva y sustentable.

"…Correspondería que se dicte una norma nacional que regule y proteja a las empresas socialmente responsables".

Básicamente son empresas que utilizan la fuerza del mercado para solucionar problemas sociales o ambientales con una lógica de autofinanciamiento. Operan en diversos sectores de la economía, son Pymes o emprendedores individuales, y tienen distintas misiones de bien público.

Sobre el particular Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 y pionero en la creación de empresas sociales entiende, como eje principal de su filosofía, que usando el poder de las empresas se pueden resolver problemas de manera mucho más eficiente y autosostenible.

Esto se enmarca dentro de un movimiento mundial en constante expansión, y progresivamente se suman más países que las promueven y regulan. Tal es el caso de Colombia, Chile, España, Italia, Finlandia, EEUU, Canadá, entre otros. En Argentina las Empresas de Beneficio son factibles a la luz de la normativa societaria vigente, pero a fin de una mayor seguridad jurídica y viabilidad de este nuevo paradigma empresarial, es necesario un marco legal específico. En el Congreso Nacional se ha presentado un proyecto de ley de Sociedades de Interés y Beneficio Colectivo o Sociedades "BIC" que, de convertirse en ley, beneficiaría a emprendedores sociales y Pymes, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en su conjunto.

En una realidad donde existen situaciones de desigualdad, exclusión y pobreza, las empresas socialmente responsables pueden cumplir un rol importante para coadyuvar en la solución de esos problemas.

En el contexto actual de crisis económica y social en que se encuentra nuestro país, que ha obligado a los empresarios -en particular Pymes- a centran sus prioridades en como mantener su empresa en pié, difícil es pensar que las Empresas de Beneficio puedan proliferar. Sin embargo, debemos ver más allá de la coyuntura. Por ello, es el Estado quien debe establecer los causes adecuados para facilitar el desarrollo de estas empresas. Correspondería que se dicte una norma nacional que las regule y proteja. Las Provincias, por su parte podrían fomentar a estas empresas mediante un marco de políticas públicas para ayudarlas en su crecimiento y propósitos de bien común, como por ejemplo, preferencias en las contrataciones ante igualdad de condiciones de oferta, facilidades en acceso a líneas de créditos y bonificación en el pago de impuestos.

Por Dres. Humberto G. Vargas Balaguer y Horacio E. Lucero, Profesores de la UCCuyo.