Las cúpulas sindicales enfrentadas con el Gobierno nacional ratificaron el paro de hoy por 24 horas, en protesta por los límites de las paritarias en los porcentajes de aumento y por considerar insuficientes las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, entre otros reclamos.
No es aventurado señalar que es una huelga política, ya que incursiona en cuestiones ajenas al gremialismo y por la adhesión de agrupaciones de izquierda que dispusieron marchas al Ministerio de Trabajo y piquetes en los accesos a la Capital Federal y en las provincias. Las amenazas incluyen al empresariado porque según la dirigencia sindical, fueron cómplices de la intervención oficial para regular las paritarias, según un documento crítico difundido por los huelguistas.
Los sectores disidentes encabezados por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, aplicarán la misma metodología del último paro nacional del sector, el 31 de marzo, y supuestamente se sumarán otros gremios, agrupados en la CGT cercana al Gobierno, porque sus bases no están de acuerdo con el 27% de aumento, de acuerdo a lo manifestado. La clave en esta jornada será el transporte, el método para paralizar el país, al que se suman los piquetes para darle mayor fuerza. Es decir, toda la actividad económica quedará presa del chantaje sindical, paralizando la producción, los servicios y hasta la libertad de movimiento de la población.
La CGT opositora y sus gremios alineados se quejan porque dicen que no fueron escuchados por el Gobierno nacional en los reclamos salariales, el Impuesto a las Ganancias, contra el trabajo en negro y la necesidad de poner freno a la inflación y la inseguridad. Ninguno de estos pedidos han sido planteados formalmente en los ámbitos correspondientes sino mediante declaraciones públicas. Es decir, las cúpulas sindicales no utilizaron las herramientas legales ni buscaron sentarse a discutir el planteo para encontrar soluciones en lo laboral, no en la política en general como pretenden.
Los costos de una medida de fuerza de estas características los pagamos todos. El reciente paro de 20 días de los aceiteros afectó al 80% de la producción granaria del país y los daños todavía no se cuantifican porque suman miles de millones de dólares, junto al quiebre de la cadena de pagos, en medio de la cosecha gruesa.