Marcos Galperín es el dueño de Mercado Libre y su asociada Mercado Pago. El gremio bancario reclama el encuadramiento
de los 6.500 trabajadores de servicios de finanzas digitales.

 

Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, ha amenazado públicamente a las llamadas fintech, compañías que prestan algún servicio financiero haciendo uso de las variantes que permite la tecnología, de intentar afiliar a ese sindicato a todos sus empleados. La expresión usada no tiene nada de indirecto: "ahora vamos por Galperín".

Marcos Galperín es el dueño de Mercado Libre y su asociada Mercado Pago, de él dependen 6.500 empleados, el 10 por ciento de la totalidad del padrón del gremio. Hemos venido siguiendo el intento por ahora frustrado de los taxistas de anular la existencia de UBER, una plataforma que permite a propietarios de vehículos, cumplir una actividad semejante a la de taxis, es decir, ofrecer servicios de viajes pagos. 

Justamente esta semana realizaron una movilización más en Buenos Aires. Otro ejemplo lo dan los gremios aeronáuticos, que ya no solo piden por la mejora salarial o de cambios en el régimen de trabajo sino que desean intervenir con huelgas salvajes en la política de aerotransportes del país. Combaten a las llamadas lowcost que, como su nombre indica, son compañías de bajo costo. 

Uno de los dirigentes que causaron el paro el viernes previo al inicio de las vacaciones de invierno, declamó ante su asamblea algo que ya estamos cansados de escuchar: "en cada avión de Aerolíneas Argentinas está la patria". Antes se lo había dicho de los teléfonos (sin éxito) y del correo (también sin éxito). 

Lo próximo es la resistencia que opondrán los trabajadores de venta de combustibles a que, como ocurre en todo el mundo, el cliente se sirva a sí mismo con la manguera. Lo que ven es que se diluye su poder en la misma medida que aumenta la competencia y se puede adherir a otras ofertas para un producto o servicio. 

Todo esto tiene en común la idea impuesta por Hugo Moyano quien, desde el sindicato de camioneros, ha pretendido y en algunos casos conseguido hacerse a la fuerza de afiliados que ni lo pidieron ni lo necesitaban. 

En San Juan vivimos el bloqueo con camiones y armas de fuego a las caleras de Los Berros para que pagaran una supuesta deuda por aportes no realizados al gremio de gente que no estaba afiliada ni correspondía. Las caleras no tienen transportes propios sino que entregan el material en boca de mina a otras empresas de logística radicadas en otros distritos, no hay manera de que tengan camioneros. 

Palazzo, desde la Asociación Bancaria, no pretende el bienestar de los trabajadores de las fintech, razón justificada de creación de los movimientos sindicales, sino la acumulación de poder a semejanza del camionero Moyano. 

Moyano es una de las principales trabas para la reinstalación de ferrocarriles de carga. Su existencia le quitaría el arma que hoy tiene de parar el país cortando la única forma de traslado de mercaderías que es por las rutas y con camiones. 

Es probable que la estructura sindical gestada en el siglo pasado y protegida por leyes de todo tipo, algunas abusivas, no se pueda corregir o requiera de un respaldo político imposible de lograr. Sería ingenuo pensar en cambiar la moral de dirigentes sindicales que representan una rémora de la democracia y que sufren tanto los peronistas que los tienen adentro como las demás fuerzas políticas a las que toca gobernar. "Nosotros no tenemos que ir a ninguna interna, estamos con los que ganan" es la frase que define la obligatoriedad que se impone al justicialismo desde la CGT y las 62 Organizaciones. 

Ni que hablar de los movimientos financieros y de otro tipo que involucran delitos que, cada vez que se los denuncia, son calificados de "persecución gorila". Si no es posible cambiar lo ya hecho, no debemos extender estas prácticas mafiosas a las nuevas actividades, a los nuevos empresarios ni a los nuevos trabajadores. 

Es preciso cortar ese cordón que pretende unir el pasado con el futuro atando por cien años más a la Argentina a una estructura inmoral e ineficiente con la excusa de la "defensa de los trabajadores". Ahora, empresas de distinto tipo que recaudan efectivo, están habilitadas a entregar dinero a sus clientes usando tarjetas u otros medios de pago. ¿Deberían afiliarse a la bancaria todos estos operarios aun sin depender de ningún banco? ¿Qué tendrá que decir cada uno de los otros gremios, sobre todo los mercantiles? ¿Y la pretendida libertad de afiliación? 

En estos días se terminan de cruzar a balazos dos facciones del sindicato de la carne en la zona norte de Buenos Aires por el mismo tema: la pertenencia de las afiliaciones. ¿Qué pasará con las cada vez más frecuentes transacciones de todo tipo que se hacen con monedas virtuales que omiten hasta a los bancos centrales? ¿Será esta amenaza el comienzo del fin de las fintech en Argentina? ¿Comenzarán a operar desde Uruguay o Chile para evitar incidentes? 

Esa posibilidad está latente y quitará trabajo de alta calidad, en el caso de Marcos Galperín, nada menos que a 6.500 hombres y mujeres. Lo pasado ya fue y ha dejado una forma de producir que es la causa de tanto desempleo y de tanto trabajo no registrado. Ese remedio histórico que puso equilibrio a sistemas injustos de relación entre capital y trabajo hace cien años, no tiene el mismo efecto hoy, sino todo lo contrario. Las regulaciones vigentes han llegado más lejos que aquella figura del siglo pasado: la "burocracia sindical". Ahora se ha consolidado algo peor, una "oligarquía sindical" en que titulares de grandes gremios ostentan sin vergüenza bienes materiales, autos y mansiones propias de los hípermillonarios. Volviendo al principio, si no se puede cambiar lo que ya está, por lo menos no mantengamos las mismas recetas para lo que viene.