Las cifras del gobierno de Lula Da Silva revelan impotencia para frenar la devastación de la Amazonia brasileña, arrasada por emprendimientos ilegales de colonos y agricultores, muchas veces con consentimiento municipal.
En enero de 2008, Brasil adoptó varias medidas contra la tala ilegal, frente al rápido avance de la deforestación. Movilizó a mil policías y fiscales ambientales, que cerraron madereras clandestinas y cancelaron apoyos financieros a los hacendados que violaron el compromiso de preservar el medio ambiente con proyectos sustentables.
La realidad es que 836 kilómetros cuadrados fueron deforestados en julio último, un área 158,8% superior a la detectada el mismo mes del año pasado y la mayor degradada en los últimos trece meses. Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, entre agosto de 2008 y julio de 2009 se perdieron 4375 km2. de cobertura vegetal, casi la mitad de los 8147 de los doce meses anteriores. El área destruida en julio fue medida con el Sistema de Detección de Desforestación en Tiempo Real, con imágenes satelitales e información sobre la devastación del pulmón del mundo con apenas un mes de diferencia. Sin embargo, son mediciones limitadas por las nubes, que en julio cubrían el 23% de la Amazonia, lo que podría ocultar una catástrofe mayor.
Antes de conocerse el fuerte aumento de la desforestación, Brasil había ponderado el éxito de las medidas oficiales contra la tala ilegal. Fue el motivo para adquirir más armamento, por supuestas amenazas externas, aunque es solo permisividad política doméstica.