El ordenamiento administrativo y estadístico que están realizando las autoridades nacionales en diferentes áreas para reactivar o planificar acciones de gobierno, ha determinado un déficit habitacional estimado en más de tres millones y medio de viviendas sociales en todo el país, una cifra nunca precisada por la gestión anterior, que solo daba cuenta de obras en ejecución, planes financieros, y proyectos de futuros emprendimientos.
La necesidad de reactivar cuanto antes las obras de nuevas unidades habitacionales para disponer la ocupación de mano de obra ociosa y sostenida por planes sociales en muchos casos, ha llevado a determinar el estado en que se encuentra esta área crítica en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Mientras tanto, diferentes organismos multilaterales de crédito esperan la solución del problema del país con los bonistas externos, para superar el escollo principal para financiar las necesidades habitacionales de la Argentina,
Concretamente, todo está sujeto a que nuestro país recomponga su relación con el mundo, a partir del arreglo con los holdouts para salir del default técnico y así poder acceder al crédito amplios a tasas blandas y largos plazos de amortización. Las nuevas obras proyectadas se orientan hacia la urbanización de villas y asentamientos, aunque también hay ofrecimientos de fondos para generar un nuevo mercado de crédito hipotecario, según el subsecretario del área, Ivan Kerr.
Lo sorprendente es que en los últimos cuatro años se aumentó el presupuesto destinado a la vivienda social, pero no varió el déficit habitacional como consecuencia de la mala administración de los recursos y la discrecionalidad política en la asignación de los fondos, marginando increíblemente a la Secretaría de Vivienda, por ejemplo en el plan Procrear, manejado por la Anses, el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario. Es más, ante la falta de nuevas urbanizaciones, el Procrear terminó siendo la principal política habitacional del kirchnerismo.
Es imprescindible superar el cerrojo para poder acceder al crédito a fin de poner en marcha la obra pública, en particular de la vivienda social, verdadera generadora de empleo en forma directa y a través de los múltiples insumos que demanda la construcción, motorizando prácticamente a toda la economía. Es también la recreación de la cultura del trabajo, a fin de vivir de un empleo digno y no de la dádiva condicionada al clientelismo gubernamental.
