La resolución de la Cámara Federal de La Plata que suspende los aumentos de las tarifas de gas en todo el país, es consecuencia de imprevisiones técnicas y políticas cuando se decidieron los incrementos, incluso sin respetar las audiencias públicas fijadas por ley a fin de evaluar los impactos de los valores en la población. Por ejemplo, en los sectores más vulnerables, como la gente de menores recursos y también la incidencia sobre la industria, el comercio, la producción y entidades de bien público. El mismo criterio se debió aplicar en las subas de otros servicios, como la electricidad, agua y saneamiento.
La Justicia debe actuar, a través de la Corte Suprema, como ha solicitado el Gobierno nacional, para destrabar el conflicto tarifario en todo el país aunando criterios de ecuanimidad para que la actualización no sea traumática y se observen las situaciones especiales de los consumidores. De lo que no hay ninguna duda es que las tarifas debían actualizarse con un sinceramiento que las sacaran de un atraso extraordinario desde que se congelaron en la última década en el marco del populismo ideológico. Los valores irrisorios pagados en la Capital Federal y conurbano bonaerense, en particular, indican que los cuadros tarifarios subsidiados en una forma exagerada sólo conducían al desabastecimiento energético, con las consecuencias de pasar de ser productores a importadores de hidrocarburos, más el agravante de tener que comprar los insumos a precios internacionales con una sangría de divisas.
El problema requiere un pronunciamiento urgente, ya que se debe resolver una cuestión económica que ha pasado al plano político y jurídico, mientras las obligaciones con los proveedores externos tienen plazos perentorios.