La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de Uruguay, José Mujica, firmaron un acuerdo que establece el monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia) y del río Uruguay para controlar una posible contaminación ambiental. El acuerdo consiste en la integración de un comité científico, en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), con funciones de controlar todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia.

La autoridad de aplicación de cada país tomará muestras del río, para su análisis, así como de las emisiones gaseosas del área de influencia. Es sabido que, sobre todo en la margen argentina el río, abundan las fuentes de contaminación de todo tipo. La creación de una apropiada autoridad de aplicación, que no significa crear un nuevo organismo, pero sí reunir los recursos humanos y financieros necesarios, no se debería pues retrasar en el tiempo.

El convenio, si bien establece un control científico de ambos países sobre la planta y fija la publicidad de los resultados de los análisis científicos, tal como requerían los asambleístas, deja abiertos al acuerdo de las partes el tipo de seguimiento y la tecnología que se empleará en el monitoreo del agua y el aire. Esa indeterminación, pero sobre todo el límite de doce controles anuales a la planta, fue lo que despertó la desconfianza de la Asamblea de Gualeguaychú.

Desde abril, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya concluyó que la planta no contamina y ordenó a ambos gobiernos el control conjunto del río Uruguay para prevenir daños en el medio ambiente, José Mujica siempre demostró tener más apuro que Cristina de Kirchner en resolver este lamentable entredicho entre dos países hermanos. Haber recurrido a esta instancia fue el penoso resultado de un extenso período ausente de diplomacia para resolver los conflictos.

Los sectores más duros del asambleísmo de Gualeguaychú se han debilitado, ya que no tienen ahora el fuerte apoyo de la política como lo tuvo en los primeros tiempos. En la opinión pública ganó terreno un ánimo de hartazgo con el obcecado bloqueo. El canciller argentino Héctor Timerman aventuró que con el convenio firmado "se cierra un capítulo y comienza otro”.

El que se debería cerrar es el de la demagogia, el capricho y la anomia. El que se necesita abrir sería el de la sensatez, el respeto por el dictamen de la ciencia y el deseo de abandonar tanta querella inútil.