El Gobierno nacional promulgó la ley 26.843, que contiene el memorándum de entendimiento con Irán por la causa AMIA, luego de que Diputados lo aprobara en la madrugada del viernes último en una polémica sesión. El texto, publicado en el Boletín Oficial, dispone la creación de una "Comisión de la Verdad" y habilita a la jueces argentinos a viajar a Teherán para interrogar a los acusados iraníes por el atentado terrorista en 1994. Simultáneamente el titular de la mutual judía, Guillermo Borger, advirtió que la entidad recurrirá a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del acuerdo, mientras otras organizaciones judías preparan el terreno internacional para que este entendimiento no lleve a la nulidad de la causa.
Es que el acuerdo excede as posibilidades procesales de nuestra política interna. Por la particularidad de los mecanismos acordados y la necesidad de combatir y erradicar al terrorismo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el proceso es seguido con mucha atención. Tras la tragedia, la ONU se hizo parte con una declaración de condena y se respaldó en convenios con varios servicios de inteligencia occidentales para que estos aporten sus propias evidencias. El atentado a la AMIA no debe entenderse como un hecho aislado circunscripto a nuestro país e Irán. Todo lo contrario, se entiende como un ataque en el contexto del conflicto de Medio Oriente, al igual que otros atentados perpetrados en la misma época y hasta nuestros días.
Pero más allá de la mayoría oficialista que le dio fuerza de ley, el rechazo categórico de la oposición y la comunidad judía se basa en sólidos argumentos constitucionales del derecho argentino, lo que plantea nuevas desinteligencias.