Existe una oscura y solapada estrategia del activismo combativo para provocar alteraciones del orden de gran impacto mediático, con el fin de erosionar las funciones del Gobierno nacional aunque los problemas no sean de su competencia.
Las tácticas sistemáticas provienen de movimientos de izquierda, opositores políticos y agrupaciones sindicales.
Casi a diario promueven escándalos para interrumpir servicios, como hicieron los metrodelegados de los subtes porteños y personal aeronáutico del Aeroparque, que paralizaron el jueves pasado todos los vuelos de la mañana, en repudio de la agresión física sufrida por un empleado de mostrador, de parte de un pasajero. Un caso policial motivó que terminó en asamblea y frenó la actividad, impidiendo embarcar a centenares de viajeros.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos cortaron ese día el tránsito durante en el centro porteño en apoyo a los estatales fueguinos que cumplían la segunda jornada de un paro de 36 horas en repudio al ‘ajuste” impulsado por el gobierno de esa provincia. Es decir, protestaron en nombre de la Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego, por un conflicto que se plantea a más de 3.000 kilómetros de la Capital Federal. Y de paso repudiaron el ‘impuestazo y el tarifazo” y, en esa línea, sostuvieron el rechazo al aumento del gas, la luz, el agua, el impuesto inmobiliario y automotor y de los alquileres de los contribuyentes fueguinos.
La caja de resonancia que es la Ciudad de Buenos Aires amplifica las provocaciones que agreden a la población y repercute en la Presidencia de Mauricio Macri, verdadero objetivo de la campaña artera.