La crisis financiera internacional ha trastocado los principios de las doctrinas económicas más sólidas, porque precipitó salvatajes de emergencia para sectores productivos donde la prioridad de preservar el empleo se considera un bien social irrenunciable.
Siguiendo las premisas keyunesianas, diferentes gobiernos de naciones desarrolladas y emergentes, están asistiendo a la actividad privada para evitar colapsos que dejarían en la calle a millones de trabajadores. Es la manera correcta del funcionamiento del Estado frente a situaciones extremas, pero siempre que su presencia en las empresas termine con el retorno a la normalidad. Estos avances del sector público sobre la actividad privada son diferentes cuando una situación coyuntural da lugar a perfiles hegemónicos de estatistas doctrinarios.
Sobre este oportunismo se encendieron las luces de alerta en la primera reunión del Grupo de los Siete sectores más representativos de la economía argentina, el miércoles último, en la sede de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), donde estuvieron presentes, además de la citada entidad, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio.
Son malos síntomas cuando se ponen directores oficiales en empresas donde tenían inversiones de las ex AFJP, o se lanzan proyectos supuestamente pluralistas, pero con clara presencia estatal, como es el caso de la radiodifusión, que nada tienen que ver con la crisis.