El golpe de gracia que se daría a las economías regionales, si prosperaba un proyecto de ley que aplicaba un nuevo impuesto a las bebidas y al tabaco, incluyendo al vino, finalmente no prosperó en las comisiones de Deportes y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. De haberse aprobado el texto original, el costo para los fabricantes de bebidas hubiera superado los 2.500 millones de pesos anuales, ahondando la crisis que padece el sector y poniendo en riesgo a miles de puestos de trabajo.

La propuesta del diputado oficialista Mauricio Gómez Bull establecía financiar la creación del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (Enade) y la implementación de una Asignación Universal del Deporte, mediante una carga parafiscal sobre los cigarrillos con una alícuota adicional de 1,5% y en las bebidas alcohólicas, jugos, gaseosas y agua, con 45 centavos sobre todo tipo de envases.

El cuestionado financiamiento había despertado fuertes críticas de las empresas de alimentos, en las multinacionales y los productores de tabaco, que habían advertido que cualquier carga adicional se iba a trasladar al precio al público de sus productos. Un atado de cigarrillos tributa un 70% del valor de venta, superando por 20 puntos a la media impositiva mundial. En cuanto a la presión fiscal que soportan la industria de alimentos y bebidas ya de por sí es insostenible en las economías regionales.

Debe recordarse que desde la instauración del cepo cambiario, las exportaciones de las economías regionales acumulan una caída del 25,2%, según la consultora Ecolatina. Es el resultado de la combinación de varios factores: el atraso cambiario, la alta presión tributaria y el aumento de los costos. Además del cepo, establecido en 2011, se sumó al deterioro del mercado internacional con gran impacto en los niveles de envíos al exterior. La vitivinicultura es una de las industrias más perjudicadas en este contexto fiscal.

La reflexión de los legisladores sobre la exacción impositiva, finalmente anulada, es razonable y oportuna en momentos de incertidumbre en el ámbito de la alimentación, pero todo indica que no se ha dicho la última palabra sobre el tema. Si bien es cierto que no se prevé una afectación específica en esta etapa del proyecto, se adelantó que habrá una ley complementaria. Supuestamente los fondos para el Enade saldrían del Presupuesto nacional, pero no hay nada concreto y se teme por otro impuesto que aparezca entre gallos y medianoche cuando se trate el proyecto en el recinto.