El titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou, viajó a Escocia para participar de una reunión de ministros de Finanzas del G-20, y mantener otro encuentro con el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando conciliar la conflictiva relación con la Argentina.

La gestión del ministro y del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, no será fácil. Por un lado aprovecharán la reunión con los representantes económicos de las naciones desarrolladas, para avanzar con la reapertura del canje de deuda, de unos 20.000 millones de dólares y, por otro, acordar la revisión de cuentas exigida por el FMI.

Las conversaciones de la misión con el titular del FMI, Dominique Strauss Khan, serán técnicas pero difíciles de apartarlas de las decisiones adoptadas por los dos últimos gobiernos argentinos. La valla a sortear es el Artículo IV de los Estatutos del FMI para todos sus miembros, un requisito que Argentina rechazó sistemáticamente desde 2006, tras la cancelación de los préstamos con el organismo, con el agravante de que se comenzó a manipular los índices estadísticos del INDEC.

Boudou dijo en diversas oportunidades que Argentina quiere solo "una revisación técnica del FMI. Un intercambio de información estrictamente económica", sin que la misión del organismo tenga contactos políticos o realice consideraciones políticas en la publicación del informe. Es decir, lo más reservado posible para no evidenciar el giro dado desde que Néstor Kirchner denostara a las recetas del FMI y lo que busca ahora su esposa del mismo Fondo. Este eventual acuerdo allanaría el camino para que luego Argentina pueda sentarse a negociar la deuda pendiente con el Club de París, que rondaría los 7500 millones de dólares y liberar las acciones para que nuestro país se reinserte en el mercado financiero internacional.

Lo que el Gobierno nacional todavía no tiene bien en claro, es que el mecanismo de revisión del cuestionado el Artículo IV, es que no se trata de una imposición intrusiva, sino un proceso normal al que se ajustan todos los países. Sin una evaluación de la sustentabilidad de la política económica de cada miembro, es impensable que los mercados abran el grifo del dinero barato amortizado a largo plazo. Ningún préstamo, público o privado, funciona de otra manera.