Por la Comisión Arquidiocesana Justicia y Paz
Arzobispado de San Juan de Cuyo
A un día de haber asumido el Ministro de Salud del nuevo gobierno nacional, aprobó el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (Res. 1-2019 – B.O. 13-12-2019). Su antecedente inmediato fue el protocolo del ministro del gobierno saliente, cuya entrada en vigencia quedó envuelta en una serie de desprolijidades que terminó con la salida del ministro.
Tantas contradicciones y apuros en un tema tan delicado y controversial, no dejan de sorprendernos y preocuparnos.
Llama la atención la ligereza y obsesión por imponer vía administrativa aquello que no se logró por el camino de la democracia mediante la sanción de una ley. De hecho, son tan amplias las causales que en la práctica el Protocolo legaliza el aborto libre.
Y en el medio, las provincias que en temas de salud en el marco de atribuciones no delegadas a la Nación, deben decidir si adhieren o no a un Protocolo viciado de ilegalidades. El Protocolo introduce cambios sustanciales al régimen legal del Aborto, modificando indebidamente, una ley de mayor jerarquía, como es el Código Penal Argentino.
El primer error en que incurre es llamar derecho a aquella conducta que la norma penal define como delito contra la vida de una persona (arts. 85 al 88 del Código Penal). El segundo es de orden metajurídico. Cuando el legislador definió que el aborto es un delito contra la vida, está expresando que la vida humana inicial tiene el mismo valor que en cualquier otra etapa de su existencia. El tercer error es de orden científico y bioético. Se apoya en un principio que nació en la bioética anglosajona: la autonomía de la persona gestante, el cual sostiene que la paciente es dueña de su cuerpo y puede tomar decisiones autónomas, como la interrupción del embarazo. El error consiste en sostener que el feto es parte del cuerpo de la madre y que se puede extirpar a simple pedido de aquella. Este argumento es insostenible a la luz de los datos científicos.
Nadie duda que la violación es un acto de extrema violencia que no solo deja marcas en el cuerpo sino también en la psiquis de la mujer. Tampoco caben dudas que sostener el embarazo producto de una violación, es una prueba difícil que requerirá de acompañamiento y comprensión. Pero la muerte nunca es una solución.
Finalmente entendemos que avanzar en materia de derechos, es el camino en sociedades democráticas como la nuestra. Pero la conquista de derechos que se materializa negando el principal derecho del otro, el derecho a la vida, pierde legitimidad. La vida es un fin en sí misma, nunca un medio, por eso toda vida es digna.
Propuesta superadora: La propuesta, entonces debe ser superadora no supresora de derechos, sobre todo cuando proviene del Estado, garante de los derechos humanos.
En este sentido valoramos las acciones positivas elaboradas por el Gobierno provincial. Adherimos a lo expresado por el gobernador Dr. Sergio Uñac al momento de reasumir su gestión: "en San Juan implementamos el Programa 1.000 Días, observado y ponderado en el país y en el exterior como una política pública modelo. Esto es también parte de nuestro modelo, un claro ejemplo de nuestra idea de desarrollo humano. Es desde la concepción, que el Estado debe iniciar el acompañamiento del desarrollo de los niños".
Resaltamos también el apoyo unánime de nuestros diputados nacionales y senadores a favor de las 2 vidas, rechazando oportunamente el proyecto de legalización del aborto.