Producida la recuperación de la democracia en el país, fue necesario actualizar y trabajar en el destino y rol de las instituciones y poner orden en la estructura jurídica del país. En la Constitución Provincial de 1986 existían nuevas figuras que había que poner a funcionar de inmediato y entre ellas la Defensoría del Pueblo, que tenía como fin esencial "defender derechos difusos" de los ciudadanos, aquellos de instancia colectiva y el de peticionar, entre otros. Se analizó que si estos chocan con la realidad se hace complejo su auténtico ejercicio y es cuando asume su rol fundamental la Defensoría del Pueblo. Precisamente, y para satisfacción de los sanjuaninos, la Ley 5765 de 1987, ratificada tras el Digesto Jurídico de la Cámara de Diputados por la Ley 344-E, permitió la creación en San Juan de la primera Defensoría del Pueblo de la Argentina y en toda América latina. En la Nación recién se establecería en el año 1994. El primer titular local del organismo fue el Dr. Julio César Orihuela, hasta su fallecimiento el 10 de diciembre de 2018, cuya gestión fue sólo observada por el carácter de perpetuidad que revestía el cargo según la ley citada, y que poco antes de asumir su sucesor sería modificado. Así, el 19 de diciembre de 2019, juró como nuevo Defensor del Pueblo, el abogado y ex diputado provincial Pablo García Nieto que había sido elegido por unanimidad de la Cámara de Diputados. La polémica sobre la perpetuidad del cargo había quedado resuelta en la sesión del 28 de noviembre del mismo año, al modificarse la citada Ley 344-E, y establecerse por su artículo 5¦ que "la duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cinco años y sólo puede ser reelegido una sola vez". 

Durante la actual gestión de la Defensoría del Pueblo ha aumentado al triple las situaciones atendidas, ya que a las consultas se suman la guía por turno y los especialistas "para acelerar el tratamiento de las exposiciones recibidas y hacer docencia".

La gestión de García Nieto aceleró el trabajo cotidiano y, según declaró él mismo a DIARIO DE CUYO, "cada dos meses le mostramos a la sociedad lo que hacemos, atendiendo las demandas y necesidades de la sociedad (…) ya que el objetivo esencial es que la Defensoría no espere que lleguen las demandas, sino atenderlas a tiempo".

Entre los ejes fundamentales con lo que se trabaja está "asegurar la defensa individual ante la vulneración de los derechos fundamentales"; empoderar a la ciudadanía en el conocimiento y defensa de sus derechos; fortalecer y promover una administración pública cuya gestión sea respetuosa de los derechos humanos y afianzar el diálogo interinstitucional".

Cuando apareció la pandemia, en 2020, la Defensoría del Pueblo creó el Observatorio de Derechos Vulnerados para identificar derechos y sectores más desprotegidos y se trabajó en la vulneración del Derecho a la Protección de Datos Personales por la estigmatización de los enfermos de covid-19. Además, entre otras actuaciones destacadas en pandemia estuvieron: solicitudes para regresar a casa; pedidos de personas que se encontraban dentro o fuera de la provincia y que requerían salir o ingresar; la atención y difusión de información necesaria para proteger los Derechos de las Personas con discapacidad, vulnerados por la situación de aislamiento, etcétera. Y a modo de síntesis el movimiento en la Defensoría del Pueblo se podría completar con estos asuntos: Identidad y ciudadanía, Salud, Acción Social, Educación y Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos, Seguridad Social y Trabajo, Grupos vulnerables, Géneros y diversidad, Promoción de Derechos Humanos y Comunicación.

 

Por Luis Eduardo Meglioli
Periodista