Él afirma haber influenciado -si no manipulado- los resultados de elecciones recientes en México, Colombia, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Venezuela. Sepúlveda está en una cárcel de Bogotá cumpliendo una sentencia de 10 años por ‘hackear’ y espiar para un candidato opositor en las elecciones de 2014. Allí le concedió una entrevista a Bloomberg, en la cual reveló que había trabajado para la campaña del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y que piratas cibernéticos como él están trabajando para los aspirantes a la candidatura presidencial de Estados Unidos. Sepúlveda dice que en México su equipo de piratas cibernéticos instaló software espía en las oficinas de la oposición y manipuló las redes sociales para crear falsas olas de entusiasmo y escarnio con objeto de ayudar a Peña Nieto. ‘Mi trabajo era llevar a cabo acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, ‘propaganda negra\’, rumores, el lado oscuro de la política\’\’, dijo Sepúlveda.

El gobierno mexicano lo niega. Bloomberg asegura haber visto algunos de los correos y otros documentos que les mostró Sepúlveda y que para expertos parecen ser auténticos. Más allá de hasta dónde sea cierta la historia de Sepúlveda, su testimonio debería hacer sonar las alarmas. Es un recordatorio de cuánto ha crecido el espionaje político desde la época del escándalo de Watergate, y de cuán poco sabemos sobre el uso en campañas de difamación con datos inventados. Se sabe que los gobiernos de Ecuador, Venezuela y el anterior de Argentina han usado ‘cibermilitantes\’\’ a sueldo para sembrar historias falsas sobre opositores en las redes sociales. Antes de la era digital, cuando las campañas políticas estaban limitadas a la TV, la radio y los periódicos, las campañas negativas eran ‘investigaciones de oposición\’\’: un político contrataba a un equipo de investigadores para rastrear los archivos públicos y encontrar algo negativo sobre su rival, y usaba esa información para desacreditarlo. Pero con base en datos reales. Ahora se contrata a hackers que lanzan campañas anónimas con datos inventados. Google, Facebook y Twitter filtran muchas de estas noticias falsas, pero no lo suficiente. Es más: a menudo la gente les cree mas a estas campañas anónimas que en los periódicos tradicionales. Según Sepúlveda, es que ‘las personas creen más en Internet que en la realidad\’\’. El director de la SIP, Ricardo Trotti, me dijo que lo peor que se puede hacer es permitir que los gobiernos regulen los medios sociales. Eso es exactamente lo que Venezuela y Bolivia quieren hacer, y lo que ya hicieron Ecuador y Cuba. Mi opinión: estoy de acuerdo en que hay que evitar la regulación de las redes sociales. En su lugar, deberíamos luchar contra la basura en Internet promoviendo websites de verificación de datos como Politifact.com y factcheck.org, que verifican lo que dicen los políticos y lo califican según su nivel de veracidad. Habría que expandir esos websites para que no solo verifiquen los que dicen los políticos, sino las noticias dudosas que se convierten en ‘tendencias\’\’ en las redes sociales. Ya están apareciendo grupos de verificación en América latina, entre ellos Chequeando en Argentina, Lupa-revistapiaui en Brasil, El Polígrafo en Chile, El Sabueso en México y Ojo Público en Perú. Pero deberían tener una visibilidad mucho mayor.