El anuncio de Cuba, de liberar a 52 prisioneros políticos en los próximos cuatro meses, es un acontecimiento para celebrar pero la afirmación del ministro de relaciones exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, de que la excarcelación "’abre una nueva etapa en Cuba” es un disparate. Después de su reunión con el dictador Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega, en La Habana, Moratinos celebró la noticia de la inminente liberación de los primeros cinco disidentes como un hito de la historia reciente de la isla.
Según Moratinos "ya no hay ninguna razón para mantener la Posición Común” de Europa con respecto a Cuba, refiriéndose al acuerdo europeo de 1996 que condiciona cualquier mejora en las relaciones con Cuba al avance de la democracia y los derechos humanos en ese país. Pero la mayoría de los observadores señalan que la aserción de Moratinos es una exageración monumental.
Cuba tiene una larga historia de usar a sus presos políticos como fichas de negociación. Libera un puñado cada tanto a cambio de concesiones económicas o diplomáticas, para más tarde arrestar la siguiente tanda de disidentes. El reverendo Jesse Jackson consiguió la liberación de 26 presos políticos en 1984, Bill Richardson logró sacar a tres en 1996, el ex presidente Jimmy Carter a uno en 2002, y la visita del papa Juan Pablo II logró la liberación de 80 disidentes.
Aún cuando Cuba cumpla su palabra y libere a 52 disidentes en un intento de conseguir la ayuda económica europea que necesita desesperadamente, esa cifra representaría menos de un tercio de los presos políticos. Según la Comisión de Derechos Humanos de Cuba, hay 167 prisioneros de conciencia en la isla, pero habría muchos más, porque Cuba no permite que inspectores de las Naciones Unidas visiten las cárceles para ver quiénes están tras las rejas, y por qué motivos.
Y, lo más importante, el régimen ni siquiera menciona la posibilidad de modificar los artículos 72 y 73 de su Código Penal, que autoriza a encarcelar personas por "peligrosidad”, basándose meramente en la sospecha. Tampoco parece dispuesto a cambiar su ley 88, que le permite encarcelar a personas por publicar críticas al gobierno y leyes que prohíben la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de viajar dentro del país o al exterior, los sindicatos independientes y los partidos políticos.
Le pregunté a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, si el anuncio de Cuba significa una nueva etapa política: "Obviamente, estamos muy felices por los presos y sus familias, pero nunca se me ocurriría felicitar a un gobierno por liberar a gente que jamás debió haber estado presa.”