Si hay una pregunta a responder por la flamante reforma política, es la siguiente: ¿Fue bueno o fue malo el bendito bipartidismo al que se intenta regresar?
El asunto intenta encontrar una fórmula a la inquietud sobre si la calidad de la democracia se mide en cantidad de partidos, cantidad de políticos, o cantidad de veces en las que uno va a votar. Ni por asomo.
Por lo primero, habrá que señalar que existen hoy en día unos 585 partidos registrados a nivel nacional y el sistema no mejoró demasiado desde aquellos años en que eran sólo 2. Por lo tanto, el regreso a la vigencia del sistema bipolar en materia de partidos como evidentemente se propone la norma que empezó a ser debatida esta semana, no parece estar tocando el nudo neurálgico del problema.
No fue señalado de manera explícita, pero la búsqueda tiende nítidamente a favorecer la predominancia del eje PJ-UCR, cuya alternancia caracterizó a la política del siglo pasado en los pocos momentos en que lo permitieron las locuras militares, y cuyas oscilaciones hicieron que terminaran ambos estallando en mil interpretaciones y otros tantos partidos.
Cada uno con su propia lectura del general o del Peludo, la cuestión es que aquella incapacidad del PJ y la UCR de contener a los descontentos hizo que en los últimos años se entendiera el florecimiento de la democracia por la multiplicación de sellos partidarios. Y no era así.
Cada dirigente que se sintió ofendido en el partido sintió el derecho de crear el suyo. Y así nacieron multitudes de desprendimientos creados a imagen y semejanza de los nuevos mesías. Sobran ejemplos de estos días en los que del sólo ejercicio de enumerar a los dirigentes de peso a nivel nacional, surgirá en la columna de al lado su propia fuerza: Carrió empezó con el ARI y ahora encabeza el Acuerdo Cívico; Cobos y el Confe; Macri y De Narváez y el PRO; Stolbizer y el GEN, y mil etcéteras.
San Juan ha de ser, por lejos, el distrito nacional con más cantidad de partidos propios por habitante. Eran fuertes cuando a nivel nacional eran una rareza: el Bloquismo y la Cruzada Renovadora tuvieron hasta gobernadores. Y luego aparecieron nuevos partidos provinciales o vecinales, multiplicados como Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Desarrollo y Justicia, Producción y Trabajo -hoy la principal oposición local-, ACTUAR, Dignidad Ciudadana y una larga lista de dirigentes con su propia agrupación: Carlos Fernández, Mut, Camacho, Soria, Ibazeta, Ibarra y siguen las firmas.
Pero no multiplicaron ni panes ni peces, sino cargos -cada nueva bancada recibe el "beneficio" de autoridades- y, en muchas ocasiones, problemas.
Son, igual, producto de la impotencia. De las grandes estructuras incapaces de contenerlos y de cierto discurso engañoso sobre la interpretación de la participación. Y ahora, sólo el artículo que establece el listón de la subsistencia en el 3% del electorado nacional -lo necesario para que un partido que se presenta en las internas abiertas y simultáneas pueda inscribir a su candidato a presidente que resulte electo- parece intentar volver a un PJ y una UCR fuerte.
Quizá exista cierta inspiración en las sociedades democráticas que funcionan de manera aceitada con la alternancia entre dos partidos, como EEUU con demócratas y republicanos, o España con PP y PSOE, o Inglaterra con laborales y tories. Y con dos grandes coaliciones, como Chile, Brasil, Alemania, Francia, Italia.
Pero en Argentina, la crisis de identidad de peronistas y radicales hizo naufragar el sistema por la búsqueda de algo mejor. Por lo tanto, volver a lo mismo no ofrece garantías.
¿Por dónde vendrá entonces la idea de una reforma política que disponga de cierta chance para mejorar algo? Si uno preguntara a la gente lo que entiende por reforma política, seguramente responderá cosas bien alejadas a las que se proponen en la realidad.
Dirá, por ejemplo, que una reforma política consistiría en generar mejores políticos, mejores políticas, ponerle freno a los especuladores y cuentapropistas de la actividad y fogonear la llegada de las buenas artes y las buenas intenciones.
Pero sabe que eso es imposible porque para que cambien los modales políticos hace falta que cambien, indefectiblemente, los modales sociales y ciudadanos. Imposible sostener la aspiración de algún cambio de fondo si es que sigue, como ahora, el capricho de ofrecer trono y corona a los más simpáticos en el programa de más rating.
Habrá que conformarse con lo que hay, entonces. En lo que se cuece a la sombra de la desmovilización y el escepticismo de una generación que entiende a la política como una bandeja para servirse o, peor aún, en un mal necesario y digno de desprecio. Mientras se consuma esa distancia, hay quienes cocinan su estofado.
El proyecto oficial de reforma política incluye toda una novedad en el paisaje local: la estatización de las campañas. Es decir, ya nadie podrá pagar de su bolsillo publicidad en radio y TV, en un intento por evitar que la campaña presidencial termine siendo cosa de los que más recursos disponen. Tiro por elevación a De Narváez y Macri, contratantes este año de los mejores especialistas en marketing político.
La mala noticia es que no lo conseguirá. A pesar de que será el Estado el encargado de financiar las campañas -en realidad, se le exigirá ese aporte gratuito a las emisoras- serán los dirigentes de mayor respaldo económico los que lleguen a la instancia de ser elegidos. Y al fin y al cabo, ¿por qué quitarles el trabajo a los especialistas en campañas políticas, una carrera que se estudia en las mejores universidades del país y del mundo?
El otro camino hubiese sido un claro control sobre los aportantes de las campañas privadas, para evitar que los intereses se terminen mezclando. Pero hay que se reconocer que aún las democracias más evolucionadas no consiguen corregir el dilema entre los aportantes y la supuesta honestidad de sus intereses por el triunfo de determinado candidato. Como lo atestigua el caso de EEUU, donde la recolección de fondos privados y su obligación de publicación no consiguen disipar sospechas: la industria armamentista, por ejemplo, sosteniendo la campaña del belicoso Bush.
Que, por otro lado, es la legislación vigente en Argentina. Todos los partidos tienen obligación de rendir cuentas de aportantes y montos, de donde surge en la última campaña la contribución de las farmacéuticas entreveradas en la mafia de los medicamentos sosteniendo la campaña de Cristina. Y que tiene el destino inexorable de toda ley en Argentina: no ser cumplida.
Al final, se pasará el turno para introducir reformas formales asociadas a la modernidad que hacen al fondo de la cuestión y lloran a gritos por ser incluidas. La boleta única, posibilidad de evitar que algunas boletas "se pierdan" en los cuartos oscuros. O el voto electrónico, que agiliza el escrutinio y sus mañas, y limita la movilización. Otra vez será.