Señor director:
Desde San Juan, como en el resto del país y en el mundo, se pudo observar como militantes políticos, destruían espacios públicos de manera impune. Esto ocurrió en la Plaza de los dos Congresos en Capital Federal. Según las informaciones, reparar estos daños costaría alrededor de 60 millones de pesos.
Ante esta situación es indudable que tanto a nivel nacional como provincial, se necesita legislar sobre daños a edificios y lugares públicos como privados ante una manifestación política. Por lo tanto, creo al producirse esta clase de situaciones, las autoridades deberían intimar por vía judicial, para que se hagan cargo de pagar por los daños tanto a partidos políticos, sindicatos o quienes hayan sido autores de estos hechos vandálicos. Además de llevarlos a la Justicia Penal por los destrozos que toda la ciudadanía paga con sus impuestos.