Señor director:
Una de las noticias más sorprendentes en esta semana sin dudas es una. Se trata de que trabajador informal, denominado en la jerga callejera como "trapito”, va a juicio oral, supuestamente por cobrar coimas y amenazar a una automovilista. La Justicia da lugar a esta situación en momentos en que la opinión pública espera sentencias por los mayores actos de corrupción de la historia en los que se ven comprometidos dos ex presidentes (uno de ellos fallecidos) y otros personajes que ocuparon altísimos puestos de poder en el Poder Ejecutivo de turno.
La sintética historia de lo acontecido con el "trapito”, es, sin lugar a dudas repudiable desde todo punto de vista, ya que amenazó a un automovilista para que le pagara 200 pesos de antemano, con la amenaza de romperle el vehículo si no lo hacía. La víctima denunció el hecho en la policía y el agresor detenido y a juicio oral por una actividad cuya normativa no está prohibida y menos reglamentada, como en el caso de San Juan, donde existe en un sector de la capital, estacionamiento medido, apoyado por empleados municipales.
Mientras tanto, la inmensa mayoría de los argentinos espera con ansiedad, que los casos de corrupción por funcionarios estatales, en especial los casos ya conocidos a nivel nacional, vayan a juicio oral para delindar responsabilidades. Y, en caso de ser hallados culpables, que cumplan con prisión. Esto además, de que devuelvan los miles de millones de pesos que saquearon de las arcas del Estado, mediante sobreprecios de obras estatales, coimas, vaciamientos, enriquecimiento ilícito. Todos estos actos de corrupción que han sumido al país en una pobreza que según el Indec, alcanza al 34 % de los argentinos, más el descalabro económico del cual la actual administración le está resultando un verdadero calvario poder recuperar a la nación.