El estado de emergencia implementado en El Salvador para combatir a las temibles pandillas, y que cuenta con un amplio apoyo del pueblo salvadoreño, se mantendrá hasta que todos los delincuentes sean capturados, dijo el ministro de Seguridad del país, incluso cuando las cárceles se llenen y las denuncias de abusos contra los derechos humanos aumenten.
Desde que el presidente Nayib Bukele solicitó al congreso del país que aprobara un estado de excepción en marzo del año pasado, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 64.000 pandilleros y asociados. Las autoridades estiman que tienen unos 10.000 arrestos más por realizar y la medida se ha extendido periódicamente.
"Mientras tengamos a estos homicidas y estos terroristas huyendo y escapando dentro del territorio nacional esta medida debe continuar”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario agregó que las autoridades salvadoreñas estaban trabajando con sus contrapartes en el sur de México, Guatemala y Estados Unidos para encontrar a un número no especificado de líderes de pandillas que habían huido.
Reducción de crímenes
La represión a las pandillas salvadoreñas ha reducido a más de la mitad los asesinatos en uno de los países más asolados por el crimen en el hemisferio occidental, atrayendo el interés de otras naciones que luchan contra la violencia de grupos violenctos como narcos y planteando preguntas sobre qué están dispuestos a ceder los ciudadanos para vivir en calles más seguras.
Con casi el 2% de su población adulta tras las rejas, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y recientemente inauguró una de las cárceles más grandes de la región, con capacidad para 40.000 reclusos.
Bajo el estado de emergencia se han suspendido algunos derechos constitucionales. Los arrestos pueden realizarse sin una orden judicial, el gobierno tiene acceso ilimitado a las comunicaciones privadas y los derechos de los detenidos a un abogado han sido archivados. Pero la gran mayoría de las personas en El Salvador dicen que aprueban el enfoque de línea dura y se sienten más seguros. Una encuesta presentada este mes por la encuestadora CID Gallup encontró que el 92% de la población apoya el estado de excepción.
En 2022 los homicidios cayeron un 57% comparados con 2021, según cifras oficiales. La extorsión, una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas, se ha desplomado, particularmente en la capital.
Mano dura
Los resultados de la represión han llevado a otros países de la región a considerar políticas similares, incluido Honduras, que implementó una versión reducida en diciembre pasado. El Salvador también ha hablado de ofrecer apoyo a Haití, que ha pedido ayuda a la comunidad internacional para poner fin a la violencia de grupos violentos que ha dejado gran parte de su territorio fuera del alcance del gobierno.
Villatoro aseguró que los derechos restringidos en El Salvador eran necesarios para garantizar la seguridad y solo se levantarían cuando el riesgo de seguridad "llegue a números cercanos a cero”. "La mayoría de salvadoreños no se ha visto sometido a esa supresión de derechos porque eso recae sobre los miembros de las pandillas” aseguró.
Por Nelson Rentería y Sarah Kinosian
Agencia Reuters