La Cámara Federal porteña reabrió ayer la investigación sobre el rol de Cristina Kirchner en la causa de la Ruta del Dinero K, al aceptar una apelación de la querella al polémico dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que pidió el sobreseimiento de la expresidenta. Además, la Cámara no hizo lugar al pedido de CFK de apartar al juez Casanello del caso donde el socio de la expresidenta, Lázaro Báez, fue condenado a 10 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares.
En su resolución, el juez Mariano Llorens recordó que en su momento “indiqué que el fiscal había efectuado un análisis sesgado y una evaluación parcial de elementos aislados del proceso, sin que meritara de manera conglobada una serie de elementos colectados en otras actuaciones, como aquellas pruebas que surgieron del alegato de su par en la causa conocida como Vialidad”.
Llorens consideró las pruebas que muestran la sociedad entre Cristina y Báez como “las declaraciones de los imputados colaboradores (entre ellos Leonardo Fariña y Víctor Manzanares), el testamento de Lázaro Báez, las escrituras secuestradas en la escribanía de Ricardo Albornoz”, entre otros. Fariña y el ex contador de los Kirchner se convirtieron en arrepentidos en la causa.
Recordó que en la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora acusaron a los Kirchner y a los Báez por el direccionamiento de obra pública por 3.500 millones de dólares lo que “llevó a que ambos fueran condenados por actividades ilícitas vinculadas con la defraudación en perjuicio del Estado”.