Con el objetivo de seguir reduciendo el impacto en el bolsillo de los argentinos, el Gobierno nacional avanzó en la desregulación en los trámites registrales y una rebaja impositiva en la compra venta de automóviles. El comunicado del Ministerio de Justicia indicó que el arancel para las transferencias se reduce al 1% sin importar si se trata de un modelo nacional o importado y se eliminan los costos asociados con la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas patente, y la certificación de hasta dos firmas. Es decir, que las nuevas medidas transformarán en gratuitos muchos pasos que hasta ahora se pagaban.
En los cálculos oficiales estas modificaciones significarán un ahorro a la población de $ 36.000 millones anuales.
La reforma incluye la “libre elección de Registros para los usuarios” y la creación del “Legajo Digital Único”, además de un tope para las ganancias de los registros. También se avanzará en la digitalización de los legajos automotores que reemplazará a la anterior documentación en papel. De esta manera, afirman, se ahorrarán $ 1.300 millones mensuales.
Con la digitalización del trámite de patentamiento y transferencia de vehículos, los ciudadanos podrán optar por cualquier Registro Automotor para radicar su vehículo, sin estar restringidos a una jurisdicción específica.
El anuncio lo hizo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en un comunicado en donde resaltó que estas medidas buscan “reducir la burocracia de los Registros Automotor” y “desarmar los negocios espurios” de estos registros que venían operando como “cajas de la política”.
Estas medidas se suman a otras que se vienen aplicando en el sector desde la asunción del presidente Javier Milei, como la significativa reducción de cantidad de Registros de Propiedad Automotor, de los que se ordenó el cierre de 136 dependencias y el freno la apertura de otras 12.
Hasta el momento, el papeleo para el patentamiento de un vehículo 0 km y las transferencias de un usado incluía un gran número de trámites cuyos costos varían de acuerdo con el origen del modelo, si era nacional o importado.
Los aranceles requeridos eran del 1,5 % del valor total del vehículo si era de producción nacional y de 2 % si el vehículo era importado. Además, había que incluir la expedición de cédula, el pago por la chapa patente, el alta impositiva, sellos e impuestos provinciales.
En su conjunto, registrar un vehículo nuevo podía representar entre el 6 y el 8 por ciento del valor total del vehículo. Es decir, para poner en la calle un auto de $ 25.000.000, había que poner otros $ 2.000.000 en trámites.
En concreto, y a la espera de la reglamentación, los cambios van a recortar considerablemente esos costos. Por empezar, la alicuota del arancel de transferencia pasa a ser del 1%, sin distinguir el origen del vehículo.
La chapa patente, por la que hasta ahora había que abonar $ 11.650, y la expedición de la cédula ($ 5.290), pasarán a ser gratuitas, como así también el título ($ 2.580), el alta impositiva, el informe de dominio y la certificación de firmas.
Para ponerlo en números se tomó como ejemplo una transferencia de un Toyota Corolla XEi 1.8 CVT de 2015, radicado en San Isidro, provincia de Buenos Aires. La misma fue hecha el miércoles 28 de agosto.
Con un valor declarado de 8 millones de pesos, el costo total del trámite fue de $ 208.208. Tomando en cuenta la reducción del arancel anunciado y lo que pasará a ser gratuito, esa transferencia pasaría a costar $ 118.973, es decir, un 42% menos.
En mayo, el Gobierno había anunciado la eliminación de la cédula azul, documentación hasta entonces obligatoria para que una persona pueda circular al volante de un vehículo que no era de su propiedad.
A esa medida también se le agregó la eliminación del vencimiento de la cédula verde, que era de un año, y que quedó como único documento indispensable del vehículo para poder circular legalmente.
> El antecedente
En abril, el Gobierno eliminó uno de los formularios necesarios para la transferencia de un auto usado. Era el Certificado de Transferencia de Automotores, más conocido como CETA, por sus siglas. Esa decisión hizo que el trámite sea menos engorroso.