Luego de que el Senado convirtiera en ley en la madrugada del viernes 13 de septiembre el proyecto sobre financiamiento universitario, el presidente Javier Milei confirmó que hará un veto total de la reforma.
El jefe de Estado tiene plazo hasta este jueves 3 de octubre para vetar la ley. No es casualidad que los gremios universitarios hayan convocado a la Marcha Federal Universitaria para el día anterior por la tarde.
La norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y extensión en las universidades.
En cuanto a salarios, la iniciativa establece la obligatoriedad de recomponer lo perdido desde el 1 de enero de 2024 y luego actualizar hasta el 31 de diciembre de forma mensual de acuerdo a la variación de precios. Para el resto de los ítems se estipula una actualización bimestral.
La ley, de no vetarse, generaría un impacto fiscal de$ 735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.