La maratónica sesión de la Cámara de Diputados que arrancó el miércoles terminó ayer con sensaciones encontradas para el oficialismo, que se fue del recinto con un sabor agridulce.
Acertó al blanco al comienzo al reunir quórum sin la necesidad de contar con el bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto, que la semana pasada le dio una estocada inesperada abortando la sesión.
Siguió con buen tino y a paso firme con la aprobación holgada del proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Después tuvo que transpirar y mucho para superar ajustadamente la moción que por la noche formuló el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot para interrumpir la sesión y reanudarla la semana próxima.
En el camino escarpado sobrevino la aprobación sin sobresaltos de la esencialidad educativa, pese a la resistencia del kirchnerismo, la izquierda y algunos legisladores sueltos de la UCR y Encuentro Federal.
Con esta victoria, corrió un límite que se consideraba sagrado en la democracia, que es el derecho a huelga de los trabajadores. Hubo saludos no muy amistosos hacia Roberto Baradel, a quien demonizaron una y otra vez.
En esta batalla naval contra sectores de la oposición, La Libertad Avanza empezó a hacer agua luego. No le alcanzó el apoyo incondicional del PRO para evitar el cañonazo fiscal que significó la aprobación de un proyecto que le dolió a Luis “Toto” Caputo y su troupe del Ministerio de Economía.
Se trata de la ley de ampliación del presupuesto para las 62 universidades nacionales públicas del país, que incluye también la actualización automática de los salarios para docentes y no docentes. Esto último no estaba en el menú ni del oficialismo ni de los dialoguistas. Fue una guapeada de los K que lograron incorporarlo al dictamen radical.
La iniciativa fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.