En un hecho inédito, el Gobierno dispuso por segundo año consecutivo la prórroga del último Presupuesto que elaboró para Alberto Fernández por el exministro de Economía Sergio Massa en 2023, al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes. Ahora, el presidente Javier MIlei tiene luz verde para disponer libremente -del modo que quiera- de las partidas destinadas a cada área del Estado y, como ya anticipó, está afilando la motosierra para “profundizar” el ajuste en 2025.
La medida le da a la administración libertaria la potestad de ejecutar gastos de manera discrecional y de seguir recortándole partidas a las provincias, entre otras maniobras de presión. Esto quiere decir que Milei gobernará por segundo año consecutivo con el presupuesto que rigió los gastos del Estado en 2023 con cifras totalmente desactualizadas para la coyuntura actual pero que le da al Poder Ejecutivo la capacidad de barajar sus propias cartas blancas para gobernar.
Se trata de un conjunto de números de la macroeconomía que hasta el propio Gobierno reconoce como imposibles de alcanzar pero que aún así están proyectados: 18,5 de inflación al cierre de año, un crecimiento del PBI del 5 por ciento y un sostenimiento de ingresos desde los grandes sectores como la industria que –por si el Gobierno no lo registró- están en picada desde enero de este año.
La medida fue concretada a través del decreto 1131/2024 publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal. Sin embargo, dejó la puerta abierta a que se trate en extraordinarias en febrero si la oposición acepta aprobar el proyecto de ley original de la hoja de ruta 2025 de gastos e ingresos, es decir, sin cambios.
Desde el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. “No hay antecedentes de que se vote en febrero, pero bueno esto es día a día”, comentó una fuente oficial.
La prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno Nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores, principalmente los dialoguistas, reclaman puntos que, para el Presidente, atentan contra su premisa central del déficit cero.
Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacan: Deudas por cajas previsionales.
Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Limitación de la alícuota de la exAFIP. Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Según informaron fuentes oficiales, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares. Sin embargo, desde Balcarce 50 insisten: “No hay plata”. Por su parte, un importante alfil libertario afirmó: “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”.
> El papel opositor
El economista Daniel Artana explicó que, aunque “siempre el ideal es tener un presupuesto”, el Gobierno gana flexibilidad al manejar los recursos: “El no tener presupuesto le da más margen de acción a Milei, y eso la oposición sabía que iba a pasar al trabar el debate”.