A diferencia del veto a la ley que mejoraba las jubilaciones que encontró eco y apoyo en la oposición dialoguista, que se unió al rechazo del Gobierno y dejó en la nada el proyecto, la ley que le asegura más recursos a las universidades públicas tiene muchas chances de ser ratificada en el Congreso. Esto si se concreta implicaría un duro golpe al déficit cero, el eje de la estrategia económica de Javier Milei.
Entonces, frente a muy posible fallo del plan A, el Presidente ya evalúa el plan B. Se trata de atrincherarse y no acatar la ley con el argumento de que se sancionó sin especificar de dónde saldrán los recursos, lo que viola la Ley de Administración Financiera. De esta manera, busca que la disputa con la oposición se judicialice y termine en la Corte Suprema de Justicia lo que, a priori, implicaría dilatar la discusión en el tiempo o mejor dicho dormirla en los tiempos de la Justicia.
En este escenario, la pelea parece entrar en una guerra total del Gobierno con la oposición, incluídos los bloques dialoguistas que hasta ahora venían trazando un camino legislativo amigable para la gestión libertaria. Así, el conflicto universitario amenaza con dinamitar el poco polo de poder que La Libertad Avanza (LLA) había logrado sumar en el Congreso.
La batalla final arrancó horas después de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y la ciencia, cuando el presidente Milei firmó la noche del miércoles el veto total de la norma. A renglón seguido, los bloques dialoguistas y la bancada de Unión por la Patria (UxP) de la Cámara de Diputados pidieron ayer una sesión especial para el próximo miércoles a las 11 para rechazar el veto a la ley de financiamiento de las universidades, después de que el Gobierno le notificara esa medida al Poder Legislativo.
A sabiendas que está vez, sin la contribución del PRO y de algunos miembros de la UCR que pretenden insistir con la norma, tiene pocas chances de sumar los 87 votos necesarios para blindar el veto, Milei se reunió ayer con su Gabinete. Allí, les transmitió a sus soldados la idea de que su hoja de ruta “no cambia” y buscó trazar una estrategia para afrontar la movida que teje la oposición para rechazar el veto.
“Si hay rechazo al veto, no lo vamos a acatar, porque es ilegal un aumento sin especificar los fondos”, cuestionan en el Gobierno, en sintonía con los argumentos que planteó el Presidente en el decreto 879/2024, que contiene el veto. Milei sostuvo en el veto que la ley aprobada “es manifiestamente violatoria del marco jurídico” porque “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera.
El Presidente dijo que el artículo es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Es decir, no contempla el impacto fiscal ni determina la fuente de financiamiento.
Con estos argumentos, en el Gobierno desafían a la oposición: “Si quieren ir a la Justicia, que vayan”.
Algo de esto había anticipado el mandatario al argumentar el veto: ‘es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico’, advirtió el Presidente. Y agrego, que ‘dar cumplimiento a la medida sancionada’ por el Congreso ‘dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo’.
De acuerdo a la Oficina de Presupuesto, el impacto fiscal del aumento establecido en la ley sancionada por el Congreso es de $738.595 millones, es decir 0,14% del PBI.
El desafío que tienen los diputados es reunir más votos que cuando se aprobó la ley, ya que en la sesión del 15 de agosto la norma se sancionó con 144 voluntades contra 77, y una abstención, con la cual, si se repite esa votación, el oficialismo superaría el tercio que necesita.
- El impacto CFK, Massa, Carrió, Lousteau
El día después de la multitudinaria marcha universitaria, en el Gobierno minimizan el impacto de la protesta y consideraron se fue menor a la abril. La Casa Rosada le atribuyó a la marcha motivaciones políticas, al remarcar la participación de los dirigentes de la oposición.
“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, precisó un comunicado.
Por último, señaló: “Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”.