En un comunicado oficial, primero, y de boca del propio Presidente después, el Gobierno confirmó ayer que vetará la ley que sancionó el miércoles el Senado que cambia la fórmula para calcular los haberes de los jubilados y otorga un adicional de 8,1%, por única vez, para compensar la pérdida por la inflación de enero.

En medio de shock por tres derrotas consecutivas en el Congreso en la semana, Javier Milei aseguró ayer que vetará la ley que aumenta el 8,1% las jubilaciones de forma completa y advirtió que, si el Congreso logra los dos tercios necesarios para insistir con su promulgación, deberá aclarar cómo se financiará.

Para Milei la aprobación de la ley es una “medida demagógica que voto el Senado” y que “implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares, a perpetuidad” o un gasto adicional del 1,2% del PBI.

“El veto va a ser completo, total”, definió Milei en una entrevista con La Nación+. El mandatario cuestionó a la oposición, a quien responsabilizó de licuar las jubilaciones en un 30%, y recordó que Néstor y Cristina Kirchner, incluso a Miguel Ángel Pichetto como jefe de bloque, vetaron el 82% móvil para las jubilaciones en 2010.

“Han dado argumentos en contra cuando estaban en el Gobierno, ¿por qué quieren hacerlo ahora? No tengo dudas de que quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien va a significar que los argentinos van a estar mucho mejor y estas ratas no vuelven más”, planteó el mandatario.

En la misma línea, aseguró que la sanción de la ley “implica una violación de ley de administración financiera del Estado”, y planteó que la creación de un gasto debe ir acompañado con una contrapartida de financiamiento. “No se puede gastar sin saber con qué se va a financiar”, indicó.

“¿Cómo lo voy a financiar? ¿Con emisión de dinero? Si emito dinero genero inflación, si genero inflación distorsiono los precios y vuelvo a castigar a los jubilados y a los segmentos más vulnerables y termino afectando negativamente el sistema de precios”, se preguntó.

Este último dato(de dónde sacar los fondos) le da pie al Gobierno para analizar otra opciones más allá del veto. En este escenario cobra fuerza la idea de judicializar la mejora.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Gobierno analiza la posibilidad de judicializar la Ley de Movilidad Jubilatoria si el Congreso rechaza el veto presidencial e insiste con su sanción.

“Si el camino va a ser judicializarlo porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera o si se van a recortar otras partidas todo está en análisis”, sostuvo.

A pesar del veto, Milei sabe que el Poder Legislativo tiene la facultad de insistir en la sanción de la ley, y para esto, es necesario que ambas cámaras la refrenden con dos tercios de los votos. De esta forma la ley quedaría promulgada.

De no conseguirse el número en alguna de las dos cámaras, el veto se mantiene y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

Asimismo, Adorni planteó que la sanción de la ley configura ‘una irresponsabilidad fiscal de la vieja política que conspira, otra vez, contra el equilibrio fiscal”.

> Las otras mejoras

Además de actualizar los haberes por inflación, la ley establece un aumentos adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.