Los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei han sido marcados por la recesión económica, lo que provocó el cierre de casi 10.000 empresas, plantas de producción, negocios y emprendimientos. Este colapso afectó principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan la mayor parte del tejido productivo del país. No obstante, un 70% de los despidos fueron de las grandes empresas (aquellas con más de 500 trabajadores), según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El informe de CEPA destaca que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, la cantidad de empleadores se redujo en 9972, con el 99,5% de los cierres afectando a empresas con menos de 500 trabajadores. A pesar de esto, el 70% de los despidos registrados en el mismo período se concentraron en grandes empresas.

Se perdieron 265.308 puestos de trabajo, una cifra significativamente mayor a la reportada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que estimó una reducción de 175.700 empleos, esto incluye a los asalariados registrados y trabajadoras domésticas.

Las cámaras empresariales ya habían advertido sobre esta tendencia al subrayar que las pymes evitan la reducción de personal debido a que implica una desinversión difícil de revertir si la situación económica mejora.

Según CEPA, mientras que las grandes empresas redujeron su plantilla en un 3,90% (186.357 puestos de trabajo), las pymes redujeron su personal en un 1,56%, lo que representó 78.951 puestos menos.

Esta menor tendencia a los despidos en las pymes tiene una explicación lógica: las empresas dependen de su capital humano capacitado para mantener su operatividad y competitividad. Despedir empleados capacitados no solo es costoso, sino que también limita la capacidad de la empresa para adaptarse rápidamente a un eventual repunte.

Desde el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), se argumenta que las grandes empresas tienen más capacidad de reacción en el corto plazo debido a sus mayores recursos y capacidades de predicción, lo que les permite tomar decisiones más rápidamente en tiempos de crisis. Por otro lado, las pymes, con menos personal disponible, tienen una menor capacidad de reacción. Despedir a empleados capacitados no solo es un proceso costoso, sino que también representa una pérdida de inversión en capital humano que es difícil de revertir. Además, menos personal implica menos ‘cabezas pensantes’ para generar estrategias diversificadas, lo que limita la capacidad de las pymes para adaptarse a nuevas demandas.

El análisis de CEPA concluye que a pesar de que las pymes fueron las más afectadas en términos de cierres empresariales, sin embargo, las grandes empresas fueron las principales responsables de la pérdida de empleos registrados.