Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi fueron suspendidos por el partido y dejarán de formar parte del bloque de la Unión Cívica Radical, por lo menos mientras dure la investigación que llevará adelante el Tribunal de Ética. La sanción llega como consecuencia de sus cambios de posiciones, ya que primero votaron a favor de la ley de movilidad jubilatoria y luego acompañaron el veto del presidente Javier Milei a la norma, en contra del mandato del partido.
Así lo definió la mesa directiva de la Convención Nacional, que comandan Gastón Manes y Hernán Rossi, que tomó la decisión dejar en suspenso la afiliación partidaria -y como consecuencia la pérdida de los derechos partidarios- de cuatro de los cinco legisladores díscolos. El caso de José Tournier -el quinto voto- es particular, ya que pese a integrar el bloque de la UCR en la cámara baja no cuenta con una ficha de afiliación en el partido centenario.
En este mismo encuentro también se trató la situación de Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, los dos legisladores del bloque que si bien no votaron en contra de la ley, se ausentaron durante el debate.
La votación en la mesa fue de 11 a 1 para elevar al tribunal los 6 casos. El único voto negativo fue de Andrés Lombardi (Mendoza), que pertenece al sector radical que conduce Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia vitivinícola cercano a la Casa Rosada.
Y se aprobó por 10 votos contra 2 suspender preventivamente a los 4 de la foto con Milei. Aquí se sumó a Mendoza el representante de Misiones.
La resolución sostiene: “al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido. Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, sentencia.
Ahora deberán pasar por el Tribunal de Ética del partido el cual tiene tres integrantes: Alicia Tate de la provincia de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones; serán los encargados de definir la sanción final para los diputados radicales.
El resto del bloque, en tanto, también había manifestado por escrito, en un documento, el enojo existente con el grupo de los cinco radicales disidentes.
“Los/las diputados y diputadas del bloque de la Unión Cívica Radical expresamos nuestro malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la ley previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de sus posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía”, expresa un fragmento del texto firmado por los otros miembros del espacio, Facundo Manes, Manuel Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.
El Congreso de la Nación había convertido en ley un incremento de las jubilaciones. Desde el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei dispuso el veto de la norma, argumentando que afectaría la base de su política económica, el superávit fiscal. En medio de esa discusión, los bloques opositores intentaron insistir en la imposición de la ley para recomponer los haberes de los jubilados. Para esa ratificación necesitaba los dos tercios del total de los votos, esto es, el acompañamiento de 162 diputados. Tanto las votaciones en contra como las ausencias fueron funcionales al objetivo del Gobierno, que finalmente logró vetar la ley.
Este domingo, durante la presentación del Presupuesto 2025 frente al Congreso, el presidente Javier Milei propuso como regla general para la sanción de leyes que cada iniciativa que implique una mayor erogación para el Estado incluya la fuente de financiamiento para tal fin. En otras palabras, cada propuesta que implique gasto debe aclarar cómo se paga.
“No estamos echando a nadie, ellos se han ido solos”, hicieron saber desde el partido en relación al futuro de los diputados radicales que acompañaron el veto del presidente Milei.