En un fallo polémico, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que los empresarios implicados en la conocida Causa Cuadernos pueden alegar que los pagos en negro realizados a funcionarios del gobierno kirchnerista fueron aportes de campaña no declarados y no sobornos. Así, la mayor causa de corrupción en Argentina quedó a un paso de caerse y convertirse en apenas una serie de infracciones electorales con insignificantes multas a pesar de las confesiones de los empresarios que declararon como ‘arrepentidos’.
Lo único que podría cambiar el inexorable camino de la impunidad de la causa es un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, tomó esta decisión al evaluar los casos de Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo del expresidente Mauricio Macri, y Javier Sánchez Caballero, su mano derecha.
Los empresarios argumentaron que los pagos realizados durante los años 2013 y 2015 fueron contribuciones voluntarias a las campañas electorales del Frente para la Victoria, el partido entonces en el poder, y no sobornos para obtener contratos de obras públicas.
Esta interpretación judicial fue inicialmente planteada por Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo Eurnekian, durante las primeras etapas de la investigación. Eurnekian argumentó que los pagos que realizó no eran coimas sino aportes de campaña, y que, por lo tanto, debían ser tratados en el fuero electoral.
La defensa de Eurnekian fue liderada por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, logró trasladar su caso fuera del ámbito penal federal, un precedente que ahora beneficia a otros empresarios.
Los empresarios acusados han sostenido consistentemente que los pagos en cuestión fueron efectuados bajo presión, pero con la intención de apoyar las campañas electorales.
Ángelo Calcaterra, por ejemplo, declaró que su empresa participó en más de 300 licitaciones, ganando alrededor de 30 contratos, la mayoría adjudicados por el Ministerio de Planificación Federal, dirigido en ese entonces por Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta. Según Calcaterra, fue Baratta quien le insinuó la necesidad de contribuir financieramente a las campañas del partido.
‘Hoy festejo mi cumple con esta nota sobre el atronador paso de la impunidad’, publicó ayer en su cuenta de X el periodista Diego Cabot, quien inició la investigación para el diario La Nación en 2018, cuando una de sus fuentes le dio ocho cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, entonces chofer de Julio De Vido.
Esas libretas contenían con detalle los movimientos que Centeno realizó durante diez años para recolectar grandes sumas de dinero de los más poderosos empresarios del país para después entregarlas a altos funcionarios y favorecer así los contratos de obras públicas.
Las entregas de dinero a los funcionarios pudieron ser corroboradas por las confesiones de poderosos empresarios que se presentaron a la Justicia como ‘arrepentidos’.
En su testimonio, Calcaterra explicó: ‘Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después, comenzó a presionarme para eso, y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión era mucha’.
La fiscal general de juicio, Fabiana León, se opuso firmemente a esta interpretación. Argumentó que trasladar estos casos al fuero electoral minimiza la gravedad de los hechos y socava la integridad del sistema judicial. Sin embargo, su apelación fue desestimada, y la Cámara de Casación decidió que la jueza federal con competencia electoral, María Servini, debe continuar la investigación sobre los hechos imputados.