El presidente Javier Milei aseguró hoy que el kirchnerismo quiere “romper al Gobierno”, ratificó que el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, que aprobó ayer el Senado, será “total”, y sostuvo que el Estado no tiene presupuesto para financiar esta modificación en caso de que el Congreso revierta la medida presidencial.
“Esto se paga con pobreza y menos crecimiento; que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos, a quién quieren que le arruinemos la vida”, planteó el mandatario. “Quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien estas ratas no vuelven más”, agregó en declaraciones a LN+.
A su vez, recordó cuando Cristina Kirchner vetó en 2010, cuando era presidenta, la ley que había sido aprobada por el Congreso y que establecía una jubilación mínima que representara el 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos. “Han dado argumentos en contra de este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno, no tengo dudas de que quieren romper”, aseguró.
En otro pasaje del reportaje, Milei sostuvo que la nueva ley de movilidad jubilatoria “implica 24 puntos del PBI”, algo que representa “toda la deuda externa que tiene la Argentina”. “Están condenando a los argentinos de cara al futuro”, señaló.
Ayer, luego la sesión en el Senado y tal lo cual había anticipado el vocero presencial, Manuel Adorni, Milei reunió a su equipo económico y anunció el veto a través de un comunicado oficial. “Es una estafa moral”, alegó. En el texto difundido, además, se consideró que la ley tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno.
“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, se expresó.
El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual con base en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
Frente a esto, desde la Oficina del Presidente señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.