Más de 1.200.000 pensiones por invalidez entregadas durante las gestiones de gobiernos kirchneristas estarán bajo la lupa de una mega auditoría del Estado después que se detectó en su entrega “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año. Se cree que al menos unas 500.000 pensiones podrían ser dadas de baja.
La normativa dice que la pensión por invalidez debe otorgarse a aquella persona que, en edad de trabajar, sufre y puede demostrar una incapacidad laboral del 76%. Y que demuestre que está en situación económica vulnerable.
Para el Gobierno, el grueso de los beneficios concedidos ilegalmente se concentra en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y en el de Alberto Fernández.
El informe de la auditoría encabezada por el Director Ejecutivo de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud, Mario Russo reveló que entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045. En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
Según datos oficiales, 25.234 pensiones por invalidez están activas en San Juan lo que representa un 3,08% de la población.
Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, Adorni mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”. También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro.
La pensión por discapacidad llega hoy a los $ 216.000. Su monto es equivalente al 70% de la jubilación mínima, más el bono de $ 70.000. Es decir que las pensiones insumieron este mes 265.000 millones de pesos. En el año, el gasto equivaldría a unos 3.200 millones de dólares. El recorte de pensiones tendría un impacto sensible en las cuentas públicas.
“Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo más de medio punto del producto. Del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando”, indicó. Además, Adorni dijo: “Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el gobierno nacional de $1.5 millón por afiliado”.
Adorni también reveló que hay al menos 30.000 extranjeros que cobran estas pensiones de los que no se sabe si fue corroborada su condición de residencia y radicación.
> En qué consistirá la auditoría nacional
El operativo nacional para auditar las pensiones por invalidez consistirá en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la ANSes o un hospital público. En dicho lugar habrá un médico que determinará el grado de discapacidad de la persona.
También se revisará el perfil socio económico del beneficiario. Expresamente, se cruzará información de propiedad, ingresos y consumos, dado que para acceder a la pensión por invalidez, los ingresos y patrimonio del beneficiario o su grupo familiar no deben superar ciertos límites. Es decir, se aceptan a personas en situación de vulnerabilidad socio-económica.
Con toda esa información, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolverá si mantiene o da de baja el beneficio. Esta resolución puede insumir entre 30 y 45 días. Si la Andis considera que el beneficio debe darse de baja, el beneficiario tendrá una instancia para apelar esta medida. Un tema importante a considerar es que si la persona que es citada no se presenta en la fecha y lugar indicado, perderá automáticamente el beneficio.
Quedarán al margen del operativo los 100.000 niños menores de edad y los 60.000 adultos mayores que hoy la están cobrando.