El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido debido a las causas de corrupción que enfrentan en Argentina. La medida, informada por el secretario de Estado Marco Rubio, les prohíbe el ingreso al país norteamericano y alcanza también a sus familiares directos, entre ellos, Máximo y Florencia Kirchner.
Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, la ex mandataria y su ex funcionario “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”. Además, destacaron que “múltiples tribunales los han condenado por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país”.
Minutos después del anuncio, el presidente Javier Milei compartió la noticia en sus redes sociales con la frase “Che, Cristina”, en referencia a una expresión que la ex presidenta suele utilizar en sus discursos.
Las sanciones fueron aplicadas bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, que impide el ingreso a EE.UU. a funcionarios extranjeros sobre quienes haya “información fidedigna” de participación en actos de corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos.
El gobierno estadounidense destacó que esta medida “reafirma nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno”. Durante la administración de Joe Biden, sanciones similares fueron impuestas a ex presidentes como Horacio Cartés (Paraguay), Ricardo Martinelli (Panamá) y Rafael Correa (Ecuador), así como a líderes autoritarios como Nicolás Maduro, Raúl Castro y Daniel Ortega.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa de la obra pública en Santa Cruz. De Vido, por su parte, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once y enfrenta otros procesos judiciales.