El medio del fuerte repudio de la oposición, el Gobierno comunicó ayer al Congreso el veto total a la ley de reforma jubilatoria, por lo que para que esa iniciativa vuelva a ser ley la Cámara de Diputados y el Senado deberán insistir con el respaldo de los dos tercios de cada cuerpo legislativo.
Para morigerar el impacto social de ingrata medida, el Gobierno confirmó la entrega del bono de 70.000 pesos en septiembre para los jubilados que cobran el haber mínimo y proporcional para el resto junto al aumento del 4,03% .
Con el envío del veto al Congreso comienza así una batalla desesperada para evitar que la oposición consiga hacerse con los votos clave -dos tercios- para revalidar la ley en Diputados.
El presidente Javier Milei ya dio el primer paso y consolidó una base sólida de 80 libertarios y macristas que lo ayudarán a blindar el veto en el recinto, pero no es suficiente. La distancia que separa al oficialismo para hacerse de los 10 votos que le faltan para superar el tercio de la cámara es la misma que separa a la oposición para consolidar la mayoría que supo conseguir en junio cuando aprobó la ley. Peronistas, radicales y pichettistas también jugarán a presionar. Cuentan a su favor con el rechazo social que genera el veto y lo utilizarán para evitar que se den vuelta algunos votos. El resultado dependerá, sin embargo, de la actitud de los gobernadores: ellos son la clave para definir la votación y hacia allí se encaminarán los esfuerzos del oficialismo y la oposición.
Lo concreto es que ley que establecía un aumento de jubilaciones del 8,% no se aplicará mientras permanezca vigente el decreto 782 firmado el viernes pasado y publicado ayer en el Boletín Oficial.
‘Tengo el agrado de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N° 45/2024, que comunica el dictado del Decreto Nº 782/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.756’, señaló el Gobierno en la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Ahora el veto total deberá ser tratado en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, que serán un filtro difícil de superar para la oposición porque esa última comisión es conducida por el libertario José Luis Espert.
El radicalismo ya decidió que la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad, Gabriela Brouwer, citará lo antes posible a ese organismo parlamentario para emitir dictamen de insistencia con la ley sancionada por el Congreso.
El problema se presenta con la Comisión de Presupuesto, por lo que no se descarta que los bloques opositores recurran a un emplazamiento de ambas comisiones. De todos modos, el oficialismo ya trabaja para que la oposición no junte los dos tercios: para ello debe reunir 86 votos, si es que los 257 legisladores estuvieran presentes en el recinto de sesiones.
En los considerandos del decreto el Gobierno señaló que el proyecto sancionado por el Congreso ‘es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento tal como alude la ley de Administración Financiera’.
El Gobierno argumentó que si la ley se llega aplicar generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para el 2024 y de 15 millones billones para el 2025, que ‘equivalen al 1.02% del PBI calculado para 2024; y 1,64% el año entrante’. Y marcó que, de aplicarse la ley, implicará un incremento del 18,5% del gasto de Anses para 2024 y de 29,2 para 2025.
> Denunciaron a Milei
Javier Milei recibió una denuncia judicial por supuesto ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público’, a raíz del veto a la ley de reforma jubilatoria. La abogada Valeria Carreras efectuó la presentación, que también incluyó al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo.