El bloque de senadores de Unión por la Patria rechazó este miércoles la intención del Gobierno de avanzar con la designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia “en comisión” y advirtió que pedirá la destitución de cualquier juez del máximo tribunal que sea nombrado por decreto.
“La designación ‘en comisión’ de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país. Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, plantearon en un escrito.
De acuerdo con lo que señalaron “el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes consagrados en la Constitución Nacional y cuya organización está dispuesta en la Sección Tercera del texto constitucional, es único y está previsto en el inc. 4 del art. 99; que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inc. 19 del mismo artículo”.
El texto hace referencia al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
Cruces por el sucesor de Maqueda
El Gobierno busca evitar que la Corte Suprema quede con tres integrantes en diciembre tras la salida de Juan Carlos Maqueda, que llegará a la edad límite de 75 años para integrar el máximo tribunal. “No hay chances de que la Corte quede con tres jueces en diciembre. Vamos a agotar todas las posibilidades”, expresó a TN un funcionario.
Sobre el pliego de Ariel Lijo, el kirchnerismo se mostró dispuesto a negociar; sin embargo, las dudas crecen respecto de la designación de Manuel García-Mansilla, que el Ejecutivo avisó que será por decreto si no hay acuerdo de la Cámara alta.
Uno de los acuerdos que buscaba cerrar la Casa Rosada con el kirchnerismo era que no rechace los nombramientos en sesiones ordinarias del Congreso en caso de avanzar con las designaciones por decreto, pero el bloque que responde a Cristina Kirchner tomó distancia. “No hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado”, alertó.