El juez federal Sebastián Casanello ordenó este sábado una inspección en el “Centro Operativo Martelli” en donde el Ministerio de Capital Humano guarda los alimentos que reclaman los comedores. Según indicaron a Infobae fuentes consultadas, se trata de un procedimiento para verificar los listados informados por la cartera de Sandra Pettovello.
El operativo fue consecuencia de un pedido de la fiscal Paloma Ochoa. El juez Casanello dispuso el procedimiento en el marco de una orden de presentación con allanamiento en subsidio. No hizo falta porque el personal prestó colaboración para la inspección. El operativo está a cargo del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, señalaron las fuentes.
Se trata de una diligencia similar a la que se hizo este viernes en Tucumán, en donde el juez federal 2 de esa provincia ordenó inspeccionar el galpón de Tafí Viejo e Tucumán, en donde también se almacenan los productos que dispone Capital Humano.
Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que se le ordenó al personal policial “constatar lo informado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en cuanto al tipo de producto, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento”. También se lo instruyó para “identificar, si es que está determinado, el destino de aquellos”.
El juez busca además los remitos o cualquier otro documento identificatorio y la información respecto a toda otra mercadería que se encuentre allí. Y si “existe algún libro de registros o novedades, se aporte para su correcta preservación”.
El procedimiento que ordenó Casanello es consecuencia de una semana caliente: el juez había ordenado el lunes pasado que presentara un plan para la distribución de las cinco mil toneladas de alimentos que tiene en dos galpones, uno en la localidad bonaerense de Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, Tucumán. “Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”, resolvió el juez.
En esa resolución el juez había subrayado “el deber de control jurisdiccional comprende también, particularmente en estos casos, garantizar el acceso a la información pública: informar, e informar correctamente”.
En febrero el dirigente social Juan Grabois, ex precandidato a presidente de Unión por la Patria, denunció penalmente a la ministra Pettovello y sus funcionarios por falta de entrega de alimentos y fondos a comedores comunitarios.
Pero hace dos semanas el medio El Desape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, reveló el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo que rondaban los 5 millones de kilos. El vocero del Gobierno Manuel Adorni admitió ese número en conferencia de prensa, pero desmintió que estuvieran próximos a vencer y subrayó la denuncia hecha por comedores fantasmas.
Fue en el marco que la fiscal Ochoa pidió medidas: reclamó que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales y el juez dispuso que a donde iban los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo pero le reclamó ese cronograma en 72 horas, que se vencían este jueves 30, a las 9.30am.
Lo cierto es que, apenas dictada la cautelar, Leila Gianni, la encargada de legales del ministerio de Pettovello, apeló la decisión. Y con eso entendió que los plazos se interrumpían para cumplir con esa orden. No obstante, el martes se aportó al juzgado unas planillas con el stock de los galpones. Como Grabois es querellante en la causa y tiene acceso al expediente, detectó que en las planillas había unos 300 mil litros de leche estaban próximos a vencer.
El dirigente lo difundió en sus redes sociales y por la noche Capital Humano anunciaba en un comunicado que le ordenaba al Ejército repartir esos productos y que había echado a Pablo De la Torre, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano.
En ese contexto, el viernes el juez federal de. Tucumán José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit, quien intervino tras una denuncia interpuesta por referentes de organismos sociales, ordenó a Gendarmería la inspección del predio de Tafi Viejo. Y anoche, la fiscal Ochoa le pidió lo mismo al juez Casanello.
Precisamente, en su dictamen, la fiscal repasó esos listados y lo informado en la causa que tramita en el fuero en Contencioso Administrativo Federal N° 2 y afirmó que “se ha advertido que existe disparidad entre la cantidad total de alimentos acopiada en los depósitos, en igual tiempo”. También hizo alusión al comunicado que difundió el Ministerio de Capital Humano de la Nación en la noche del jueves señalando que se había ordenado el desplazamiento de funcionarios por la mal desempeño por no haber realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería.
“El estado de situación planteado evidencia la poca fiabilidad de aquello que resulte informado por un organismo desconcentrado de la administración pública federal, el Ministerio de Capital Humano, que públicamente autocuestiona su funcionamiento; todo lo cual da cuenta acabada de la gravedad de la situación, en un contexto en que los efectos de lo discutido y sustanciado en este sumario, redunda en la salud de la población”, sostuvo Ochoa.
Y en ese contexto, dijo, a fin de asegurar y verificar de modo fidedigno las características del conjunto de alimentos acopiado y que resultan objeto de la medida cautelar, como así también asegurar prueba útil relativa al fondo de los hechos investigados en autos, esta Fiscalía considera necesario y razonable que se constate en el lugar, las características del stock de alimentos almacenados”.
El juez firmó la orden para inspeccionar el predio. “Luce idóneo y proporcional, y por ende razonable, librar una orden de presentación con allanamiento en subsidio, con el objeto de que el personal policial verifique” lo informado por Capital Humano, señaló la resolución.
“Los datos contrastados señalan que, si se toman en cuenta tan solo los alimentos listados (nueve), existe una considerable diferencia que no logra ser justificada -aún teniendo en cuenta las salidas informadas-. Por otra parte, cabe considerar lo resaltado por la fiscal en punto a que la comunicación oficial, del pasado 30 de mayo, dio cuenta de que se habían advertido irregularidades con relación al control de los alimentos almacenados. De modo que la situación descripta, a la luz de lo ya valorado (en el fallo cautelar dictado el lunes) implica la necesidad de corroborar la fidelidad de los datos relativos al stock -y fecha de expiración y estado- de los alimentos acopiados. Nuevamente, este reclamo de la fiscalía -y anteriormente también de la querella- está respaldado por un elemental principio de responsabilidad y transparencia que se conjuga con el derecho al acceso a la información pública”, afirmó.