El gobierno de Javier Milei enfrentó el pasado miércoles la protesta más violenta frente al Congreso de la Nación desde el 18 de diciembre de 2017, cuando se trató la reforma jubilatoria impulsada por la administración de Mauricio Macri.
Barrabravas de equipos de fútbol de primera división y del ascenso estrecharon una vez más sus vínculos con fuerzas políticas de la oposición para ganar la calle, bajo la excusa de defender los derechos de los jubilados que vuelven a marchar cada miércoles para reclamar mejora en sus haberes.
La extrema violencia que se vio entre distintos sectores de manifestantes tuvo su correlato con la dureza de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que venía advirtiendo en la semana lo que podía ocurrir y cuál sería la respuesta del Gobierno.
Milei, fiel a su estilo, salió a defender con firmeza a Bullrich y sus efectivos y a castigar con dureza a quienes protestan: “Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen y queman autos y amenazan a la gente”.
No estaba vestido de azul porque era de Gendarmería, pero ahora deben dar explicaciones ante la justicia por el gendarme que disparo un cartucho de gas lacrimógeno y dio en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo que lucha por su vida.
Mientras tanto, la Casa Rosada probó en carne propia lo que es la justicia contravencional porteña que tantos problemas le generó a las distintas administraciones macristas de la Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios nacionales pidieron apartar a la jueza Karina Andrade, que liberó a 114 detenidos por considerar que hubo falencias en las detenciones de la policía, que era necesario defender el derecho a manifestarse y que no había lugar en las alcaidías para los presos. Ven detrás de la magistrada al kirchnerismo aunque ella lo niega.
Pero también consideran que hubo connivencia de los violentos con esa fuerza política, con la izquierda y con intendentes del conurbano bonaerense.
Por eso unificaron el discurso detrás de un intento de desestabilización o golpe de Estado y los denunciaron por sedición.
Si faltaba algo, apareció la vicepresidenta Victoria Villarruel para disentir con la posición del gobierno y considerar que, si bien ella está en contra de la violencia y defiende a las fuerzas de seguridad, la movilización formó parte del ejercicio democrático.