El secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió este lunes 27 de mayo a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales. En la reunión, el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. En tanto, mañana martes se retomará con los gremios universitarios la negociación salarial.
Los rectores se encuentran evaluando la propuesta de hoy en reunión del comité ejecutivo del CIN. Desde el organismo anticiparon a Infobae que habría acuerdo y señalaron “un cambio de actitud” de los funcionarios, quienes “intentaron abordar cada punto planteado”. De parte del gobierno, además de Torrendell participó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. En representación del CIN estuvieron el presidente Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis), y el vice, Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa).
Según la propuesta presentada hoy, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar la actualización que consiguió la UBA de 270% para gastos de funcionamiento, que representan un 10% del presupuesto universitario.
Los rectores y las autoridades del Gobierno también acordaron crear una comisión para la confección del presupuesto 2025 de manera conjunta. Además, analizaron el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, “las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU)”, y acordaron “darles prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas”, informó la Secretaría de Educación en un comunicado.
En el encuentro se abordaron temas relacionados con salarios, becas estudiantiles y las partidas de Ciencia y Tecnología, otros de los puntos incluidos entre las demandas de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, en la que habían participado las universidades de todo el país.
“El resultado fue muy positivo en tanto está garantizado el segundo cuatrimestre”, dijeron desde la Secretaría de Educación, donde dan por descontado el acuerdo.
Fuentes del CIN dijeron a Infobae que los funcionarios nacionales “se comprometieron a ir pagando las deudas” referidas a los programas de asignación específica, que abarcan desde la función salud (ya resuelto) hasta otros ítems como las escuelas formación profesional, recursos para ciencia y tecnología y algunas categorizaciones de investigación. Con respecto a este último punto, se acordó culminar el proceso de recategorización de los docentes e investigadores en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (PRINUAR), iniciado el año pasado en todas las universidades del país.
También formaron parte de la agenda los lineamientos de la cooperación del sistema universitario para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización impulsado por la Secretaría de Educación y los ministerios de educación provinciales.
Desde el Gobierno nacional mencionaron entre las prioridades “profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”. También enfatizaron la necesidad de garantizar “el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, el antisemitismo”, con la idea de “crear mecanismos internos en cada universidad”.
La UBA acordó primero
El pasado 15 de mayo la UBA había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria, luego de que el Gobierno nacional le ofreciera un aumento de 270% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios. La UBA había lanzado su propio petitorio “contra el recorte presupuestario”, que sumó más de 450.000 firmas, según un comunicado que difundió hoy la universidad.
Al conocerse el acuerdo entre el Gobierno nacional y la UBA, el CIN había denunciado que esa medida discriminaba al resto de las universidades nacionales: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca (el reclamo) solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”.
“No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, declararon entonces los rectores. Luego fueron convocados a la reunión de este lunes, en la que recibieron las mismas condiciones ofrecidas a la UBA.
En paralelo, diferentes sectores de la oposición firmaron la semana pasada cuatro dictámenes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados para actualizar por ley el presupuesto universitario.
Los salarios, en caída
Más allá del aumento en los gastos de funcionamiento, el atraso salarial de docentes y no docentes es uno de los principales reclamos pendientes desde la movilización del 23 de abril. En la reunión de hoy con los rectores, los funcionarios nacionales propusieron armar una “mesa de seguimiento salarial” que involucre a las autoridades universitarias además de los sindicatos.
La semana pasada el Gobierno nacional ofreció a los gremios universitarios un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN) rechazó una vez más la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 28. La semana pasada, los docentes y no docentes universitarios adhirieron al paro nacional convocado por todos los gremios docentes del país.
Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado el lunes), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada implica una pérdida del 42% del poder adquisitivo.